Después de una discusión extensa y caliente, el oficialismo levantó ayer la mano y aprobó la discutida ordenanza que en un plazo aún indefinido prohibirá la venta callejera. En realidad, el proyecto que terminaron votando diez concejales de Río Cuarto para Todos es un híbrido que no establece grandes definiciones: sólo señala que el Ejecutivo deberá fijar los tiempos, las etapas y los sectores en los que se reubicarán los puestos que hoy pueblan las veredas del microcentro. Es decir, después de un proceso de ocho meses, lo que hizo el Legislativo sólo fue transferirle la entera responsabilidad al Ejecutivo.

El artículo 1 de la ordenanza es fundamental: es el que deriva las definiciones al Palacio Municipal para que en un tiempo indefinido diseñe un programa de relocalización -sobre el que el Concejo no dio pautas- de las actividades comerciales en puestos fijos, semifijos o desmontables.

Esa ambigüedad y la discrecionalidad que el Legislativo le cedió al Ejecutivo motivaron parte de las críticas de la oposición. Otro cuestionamiento sobre el que se hizo hincapié fue el proceso de negociación que llevó adelante el gabinete municipal y que terminó en escándalo cuando uno de los puesteros dio a conocer una grabación en la que el secretario de Desarrollo Social, Guillermo Aón, apareció ofreciéndole hasta 60 mil pesos y un terreno a uno de los vendedores para que aceptara liberar su esquina céntrica. Por eso, para despejar dudas, el oficialismo aceptó incorporar un artículo -terminó convirtiéndose en el tercero de la ordenanza- que obliga al gobierno a notificar cada acuerdo particular que cierre con los vendedores ambulantes, el monto del subsidio o el crédito ofrecido y los datos personales del puestero. Así, el peronismo espera que ya no existan negociaciones secretas ni cifras discrecionales ofrecidas por funcionarios del intendente.

A pesar de que consiguió incorporar un artículo de su autoría, el PJ terminó votando en contra del proyecto -incluso no pidió la votación artículo por artículo y rechazó también el texto que se incorporó a su pedido-.

Recién después de esos artículos aparece la prohibición de la venta callejera. El proyecto aprobado por el oficialismo señala que no se podrá vender en la vía pública una vez que se acuerde la relocalización de los vendedores que actualmente estarán en la calle. Es decir, la prohibición dependerá de la agilidad y la decisión política del Ejecutivo.

Después de la polémica de la semana pasada por las ofertas que había hecho el gobierno, un grupo de vendedores reclamó que no se aprobara la ordenanza. Ese grupo -integrado por los llamados históricos- estuvo ayer en la sesión y siguió el debate. Sólo sobre el final, cuando el oficialismo aprobó el proyecto, hubo una reacción puntual del “Liso” Márquez, que les recriminó a los integrantes de Río Cuarto para Todos la votación.

Quienes no enviaron a nadie a presenciar la discusión legislativa fueron los directivos del Centro Empresario, quienes la semana pasada reclamaron públicamente una rápida sanción de la prohibición a la venta callejera.

Las posiciones

El oficialismo, a través de Fabricio Pedruzzi, el jefe de bloque, basó su argumento en que el gobierno viene tomando definiciones en torno de la regulación del espacio público. Citó, por ejemplo, el nuevo plan urbano que comenzará a regir dentro de un mes. Además, detalló que también se está controlando el uso de las veredas por parte de los bares y confiterías. “La normativa que se está generando apunta a privilegiar al peatón por sobre los vehículos”, dijo Pedruzzi.

Y agregó: “Necesitamos cumplir con el objetivo primario que tiene la vía pública. Pero, a la vez, no dejamos de tener en cuenta el aspecto social. Por eso se encomienda que sea la Subsecretaría de Empleo y no un área técnica la que defina las características de la relocalización del comercio callejero”.

Las críticas de la oposición se centraron en tres aspectos: las negociaciones poco transparentes del gobierno municipal, que discutió con los vendedores sin tener una normativa que avalara la promesa de créditos o subsidios; la discrecionalidad que ahora tendrá el Ejecutivo para definir los plazos y los criterios de reubicación de los puestos, y la falta de capacidad política del Ejecutivo para demostrar autoridad y capacidad de gestión y, por lo tanto, para sostener la prohibición de la venta callejera en el tiempo.

En medio de una larga serie de cuestionamientos, los principales fueron, por supuesto, lo que se refirieron a las negociaciones particulares y a los ofrecimientos de dinero. También reprocharon la supuesta falta de diálogo del gobierno.

Quien salió en defensa del Ejecutivo fue Gustavo Segre, quien planteó que no se estaba votando un proceso ni la actuación del Ejecutivo sino un proyecto de ordenanza específico. Además, planteó que las protestas de los puesteros fueron muy puntuales.

“Voy a ser brutalmente sincero: no veo que aquí estén todos los vendedores ambulantes. Ni vinieron todos a reunirse con nosotros. Es sólo un grupo reducido. Y tampoco podemos estar planteando el diálogo si hay actitudes extorsionadoras como las que vimos en este tema. Es difícil acordar en un contexto en el que te dicen que si aprobás una ordenanza te van a ir a buscar”, manifestó Segre.

Cuando el oficialismo aprobó el proyecto, sólo se oyó un reproche de los vendedores. El resto se fue refunfuñando pero sin hacer las declaraciones de alto voltaje que se oyeron hasta la semana pasada. Sólo reclamaron que ahora el gobierno se siente a negociar en serio y acuerde con los vendedores una solución que convenza a todos.

Las fuertes críticas de la oposición

- Guillermo Natali, concejal justicialista: “Estoy de acuerdo con que el espacio público debe ser liberado porque es de todos. Pero no me puedo olvidar del contexto, ni los tiempos ni las formas en que se llevó adelante la negociación. ¿Qué credibilidad tiene ahora el Ejecutivo ante el pueblo? El fin no justifica los medios (...) Hace seis meses nos dijeron que la solución iba a ser la Feria del Progreso, y desde entonces se está pagando el alquiler (...) Además, no podemos obviar lo que pasó en las últimas semanas y el hecho de que el gobierno nunca entregó la información que le pedimos sobre la negociación con los puesteros. Los riocuartenses merecen conocer (...) Es un contrasentido que el Concejo esté planteando la posibilidad de un nuevo acuerdo y, a la vez, el intendente haya cerrado el diálogo (...) Tenemos serias dudas de que este gobierno tenga el coraje de liberar el espacio público”.

- Eduardo Scoppa, Coalición Cívica: “El Ejecutivo tiene todas las herramientas para regular el espacio público (...) Pero, además, hay que disponer de funcionarios capaces. Pero no hay ningún programa ni un funcionario capaz, han fracasado todos. No está bien hacer negociaciones particulares con nadie. En los últimos meses, en vez de disminuir la venta ambulante ha proliferado por falta de acción del Estado. Y el problema no se solucionará con esta ordenanza incoherente, que plantea artículos contradictores. ¿Qué es esto?

- Claudia Bringas, Frente de la Gente. “Hemos perdido una excelente oportunidad de resguardar el espacio público. Hubiera sido bueno volcar en la ordenanza las diferentes ideas que estuvieron en discusión. El defecto de la norma es el exceso de discrecionalidad que se le da al Ejecutivo. Lamentablemente, el efecto de la discrecionalidad se vio en las negociaciones que jamás fueron avaladas por el Concejo Deliberante. Nunca se discutió de dónde se iba a sacar la plata. Deberíamos haber hecho una ordenanza para todos los intendentes, no sólo para éste. Ahora, con esta ordenanza ambigua, el Ejecutivo va a poder negociar otra vez como sea, como disponga, como le guste. ¿En qué marco de regulación? En ninguno. Esta ordenanza ni siquiera le ha marcado un rumbo al Departamento Ejecutivo”.