Ese artículo establece que en esos servicios “se propenderá a que la explotación de los mismos sea efectuada preferentemente por el Estado, municipios, entes autárquicos o autónomos, o cooperativas de usuarios”.

En los fundamentos de un proyecto de declaración que presentó ayer, Solana consideró “relevante manifestar desde la Legislatura pampeana, y como institución que resguarda el cumplimiento de nuestra Carta Magna, la plena vigencia del artículo”.

“El señalamiento y el contenido del mismo recoge la más genuina tradición -y realidad incontrastable en diversas áreas- acerca de la forma con que pampeanos y pampeanas han sabido resolver más que positivamente la prestación de servicios públicos”, advirtió.

“En el caso analizado, se trata del último eslabón en la cadena de tratamiento de los residuos domiciliarios y cerrando así una política absolutamente sustentable desde el punto de vista ambiental, económico y social”, precisó.

“La adjudicación a una empresa cooperativa de la recuperación de residuos, a través de la mejor tecnología existente puesta a disposición por el municipio, que significa nada más ni nada menos que dignificar el trabajo de varias decenas de hombres y mujeres, y proveer a la organización en un emprendimiento solidario, es la alternativa más viable, que se encuadra en el marco institucional vigente y da respuesta concreta a la situación precaria en que hoy se encuentran decenas de familias y que avizoran con lógica esperanza la resolución planificada”, argumentó.

“En el respeto a las autonomías municipales es que hacemos esta declaración, aportando luz a un tema que no debiera generar conflictos sociales, sino, por el contrario, avanzar en la mejor resolución del tema”, concluyó.