Inicialmente, China adujo la existencia de riesgos fitosanitarios presuntamente debido a la existencia de residuos de un determinado solvente que superaban el máximo permitido. Con el transcurrir del tiempo algunos observadores han levantado dos razones adicionales para explicarla. Primero, los intereses de su propia industria aceitera que busca expandir su producción y sustituir importaciones eliminando la fuente Argentina de competencia y segundo, como medida retaliatoria a un número importante de barreras proteccionistas que durante los últimos tiempos hemos implementado a favor de sectores que compiten con importaciones provenientes principalmente de China.

¿Que hay de cierto en estas tres explicaciones? Debido a que la diplomacia comercial se mueve entre bambalinas, y que este juego esta amparado por reglas multilaterales imprecisas, no hay una respuesta clara y esto a su vez, dificulta el debate y debilita la formulación de políticas correctoras. Lo que esta en juego es muy importante para la agricultura, para la industria y para el gobierno (en todos lo casos, ingresos perdidos). Veamos primero la imprecisión de las reglas fitosanitarias que por ejemplo permiten que distintos países usen estándares diferenciales para un mismo producto como es el caso de la carne vacuna y los limones con tratamientos fitosanitarios distintos en Estados Unidos, la UE y Japón.

En el caso de la soja, es conocido y aceptado que Argentina tiene una de las tres industrias aceiteras más importantes y modernas del mundo. Las otras dos son Brasil y Estados Unidos cuya producción y exportación presuntamente cumplen con los requisitos fitosanitarios de China. Si efectivamente tenemos una industria de vanguardia, entonces debiera ser relativamente sencillo ajustar los métodos de producción para satisfacer los distintos estándares de los países importadores. Sin embargo, bajo las actuales reglas fitosanitarias que buscan proteger la salud humana y animal, China (al igual que otros países) puede proceder de manera bastante arbitraria y no es mucho lo que puede hacer Argentina (o cualquier país afectado) para protegerse de este accionar. Al momento de escribir este artículo, no existen indicios de que la prohibición este por levantarse pronto.

Como no esta claro si se esta protegiendo la salud humana u otra cosa, ha surgido un segundo argumento para explicar esta medida y se refiere a la protección de la propia industria aceitera de China. Sin embargo, las industrias de Brasil y Estados Unidos también se benefician de esta barrera (y en la práctica ya se han beneficiado) logrando mejores precios por sus aceites (por lo menos u$s 50 más por tonelada). Es decir, en este caso, la medida fitosanitaria protegería a la industria aceitera de estos tres países en detrimento de la Argentina y no esta claro quien se beneficiaría más.

Entonces, resulta muy plausible que la medida analizada sea mas una respuesta a nuestras propias medidas proteccionistas (tercer argumento) algunas bastante oscuras (por ejemplo, demoras en la aprobación de licencias no automáticas, o llamados de atención verbales a importadores de determinados productos), y otras no tanto como es el caso de las numerosas medidas antidumping contra China. Si es así, esta medida fitosanitaria estaría buscando proteger sus industrias exportadoras más que sus industrias sustitutivas.

El reloj esta avanzando y los costos para Argentina siguen subiendo y nadie en el poder político habla de manera clara. Lo que esta ocurriendo es un ejemplo del elevado grado de arbitrariedad que permiten muchas de las actuales reglas de la OMC (Organización Mundial de Comercio) y su inoperancia para discernir entre medidas aduaneras justificadas y no justificadas con propósitos proteccionistas. Y todo esto hay que decirlo, esta ocurriendo después de 70 años de negociaciones de reglas multilaterales.

El mundialmente floreciente proteccionismo fitosanitario es particularmente serio para un país como Argentina donde más del 50% de sus exportaciones son de productos primarios y agroindustriales susceptibles más que otros de ser amenazados por este tipo de barreras. Por lo tanto en esta área, para proteger sus exportaciones, el país debiera apuntar a máximos niveles de capacidad operativa y científica.

Finalmente, este año los costos privados y tributarios para Argentina de la medida de China podrían ascender a u$s 300 millones. ¿Es esta cantidad conmensurable con el monto en que nuestras medidas han reducido las importaciones desde China? Si las políticas fueran mas transparentes, esta sería una de las preguntas que en una controversia multilateral debería ser contestada. Pero no lo son y entonces, alguien en la oposición política debiera abrir el tema con el propósito de comenzar un debate transparente sobre un tema que amenaza al principal complejo exportador de Argentina.