Para la vocal decana del Tribunal Superior de Justicia, María Esther Cafure de Battistelli, es muy poco probable que una causa por aborto punible llegue a condena. Y esto sucede principalmente por dos cuestiones. Según la magistrada, la sociedad no considera al aborto como delito grave y, además, la Justicia evita criminalizar a la mujer que decidió poner fin a su embarazo.

“La mayoría de las causas por aborto punible no llega a juicio. Cuando estos actos se realizan con el consentimiento de la mujer, la pena va de uno a cuatro años. Y como existe la posibilidad de esperar el juicio en libertad, se mantiene ese estado y la causa prescribe”, explica.

–¿Existe una tendencia a dejar prescribir causas por aborto?

– Por lo general, hay una especie de cobertura implícita a la mujer. No hay interés en imponerle una sanción penal, en parte porque tampoco existe un rechazo social al aborto. Los operadores jurídicos evitan criminalizar a la mujer que interrumpió el embarazo. Y esa protección alcanza al médico, enfermero o persona que practicó el aborto. Tienen la misma pena que la madre. Y un juicio no puede hacerse sólo con uno. Tienen que presentarse los dos: la madre y el que le practicó el aborto.

–Usted dijo que no existe un rechazo social al aborto.

–No, y los números que usted me muestra van en ese sentido. Si el aborto fuese algo tan deleznable, estos delitos no prescribirían. Y habría más condenas. Pero lo cierto es que no las hay. La legislación está, pero en la práctica no se aplica. Se prefiere dar cobertura a la mujer.

–¿Por qué cree que no existe este reproche?

–La sociedad no considera el aborto como un delito grave. A la altura de un crimen o una violación. La gente tiende a pensar que el aborto es una conducta poco ética. O puede decir que no le gusta. Pero no existe un rechazo social. Tampoco se ve a los médicos que lo practican como unos delincuentes. Al contrario, son personas que garantizan la seguridad de la mujer.

–¿Qué piensa usted sobre el aborto?

–Que no es una conducta que se pueda aplaudir. Nadie es consciente de las consecuencias psicológicas que deja en una mujer, luego de que se lo practica. Pero no hay que llevarlo a la categoría de un hecho delictivo, a la altura de un crimen o una violación. Que coloque a la persona sin crédito ante el entorno social. Todos conocemos a muchas personas que se lo hicieron. O tal vez, en algún momento, alguien ha pensado en aconsejárselo a una hija.

–No existe un reproche social pero sí un activismo en contra.

–El activismo contra el aborto tiene que ver más con una serie de ideas muy imbuidas en principios religiosos.

–¿Por qué cuesta tanto entonces sostener un protocolo de aborto no punible en hospitales?

–Toda legislación se hace para evitar el riesgo de muerte en la madre. Pero hay una verdad que siempre sostengo: cuando una mujer quiera hacerse un aborto, se lo hará. No hay ley que se lo impida. Y estos números que usted me muestra no son ni la décima parte de los abortos que se practican. Porque los que se hacen bien, no se denuncian.

–¿Cuáles son los casos que se judicializan?

–Los que se ven forzados a hacer una denuncia. Cuando existe una muerte o una lesión grave. Pero si las partes no lo advierten, es muy poco probable que uno se entere. El aborto es un delito de acción pública, pero se necesita una denuncia. El único que puede presenciarlo es un médico.

–Pero allí existe el secreto profesional.

–Exacto. Los médicos siempre hacen prevalecer el secreto profesional, y la ley los ampara.

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Esto pasó

13/03/12. La Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió sobre el pedido de aborto de una joven de 15 años oriunda de Chubut. Aclaró que el aborto no es punible cuando el embarazo proviene de una relación no consentida. Instó a las provincias a que legislen sobre el tema.

30/03/12. Mediante la resolución 93/12, el Ministerio de Salud de Córdoba fijó una guía para la atención de abortos no punibles en los hospitales.

12/04/12. La ONG Portal de Belén presentó un amparo para que se declare la inaplicabilidad por inconstitucional de la guía provincial.

27/08/12. El juez Federico Ossola resolvió que el protocolo provincial es constitucional. Pero ordenó a que un equipo interdisciplinario verifique que el embarazo sea producto de una violación.