Algunos siguen en sus cargos y otros renunciaron para ser candidatos. Entre ellos están el candidato a gobernador César Barbeito y el secretario general de la Gobernación, Francisco González.
Se trata de la causa por el pago de abultados sobresueldos, cobrados durante siete años por los ministros de Saiz y que representaban un plus salarial que iba de los 30.000 a los 200.000 pesos mensuales
En esa misma causa se investiga también el supuesto incumplimiento de deberes de funcionarios públicos para aquellas autoridades de los organismos de control interno -como la Contaduría- que debieron echar vista sobre el tema y evitar la comisión de la maniobra.
El cronograma de citaciones tendrá ocupados a los funcionarios en el mismo mes en que se renuevan autoridades.
El actual secretario general de la Gobernación y candidato a primer legislador por representación poblacional por la Alianza Concertación, Francisco González, junto al ministro de Turismo, Omar Contreras, fueron convocados a declarar el 5 de setiembre próximo. A González se lo acusa de haber sido el que más dinero cobró vía cheques mensuales por montos que rondaban los 200 mil pesos.
Los demás llamados a declarar en calidad de involucrados en el cobro de sobresueldos mensuales sensiblemente inferiores a los de González son el ex ministro de Educación y candidato a gobernador por la Concertación oficialista, César Barbeito y el de Producción -y candidato a diputado nacional- Juan Accatino, que comparecerán el 6 del mes próximo. El ex titular de Familia -y candidato a legislador por el circuito Línea Sur-, Alfredo Pega y el actual ministro de Gobierno, Diego Larreguy, fueron convocados para el 7.
El 8 declarará la ex ministra da Salud y candidata a legisladora Cristina Uría, mientras que posteriormente y hasta el 12 de abril se esperan las declaraciones del secretario privado de González, Sergio Pendas, el subsecretario de Coordinación, Aníbal Hernández -quienes también figuran como cobrando cheques-. el ex contador general -actual integrante del Tribunal de Cuentas-, Daniel Bossero y su reemplazante, Gustavo Picchi, estos dos últimos acusados de incumplir sus deberes por no controlar.
El desfile de funcionarios en sede judicial para ejercer su derecho a defensa en el marco de la causa por el cobro indebido de adicionales salariales que, desde 2006 a la fecha totalizarían unos 25 millones de pesos, podrá continuar luego, en el marco de otra causa que en forma paralela se estaría sustanciando en el mismo Juzgado. El expediente se habría dividido en dos tramos y, no se descarta que por los mismos hechos haya nuevas imputaciones.
Las indagatorias por este tema fueron requeridas en la misma promoción de acción penal presentada por la procuradora Liliana Piccinini y luego reiterada en presentaciones del fiscal Marcelo Álvarez. Finalmente, con varias testimoniales, el listado de cheques, el cotejo de quiénes los cobraron, la documentación pertinente desde los ámbitos burocráticos del Gobierno y la información suministrada por el Banco Patagonia, entre otros elementos de prueba, el juez Carlos Reussi ordenó las indagatorias.
Anoche el Comité Central de la UCR expresó su "preocupación por la flagrante intromisión de la política en la Justicia, con las gravísimas consecuencias que estas acciones pueden significar para la institucionalidad de la provincia".
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