Pasaron diez años de aquellos supuestos fraudes cometidos, desde la Legislatura bonaerense con fundaciones "fantasma" y con dinero que estaba destinado a personas carenciadas. ¿El final de la historia? De todos los procesados, entre ellos, cuatro senadores, ayer fueron sobreseídos en forma definitiva por la Justicia penal de La Plata.

Se trató del único caso de corrupción política vinculado al manejo de la "caja" en el Senado provincial que llegaba a juicio oral. La resolución fue adoptada ayer por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) V, a pedido del fiscal Rubén Sarlo, adhiriendo a un planteo del defensor Darío Saldaño, que presentó prueba documental en favor de Ana María Posadas.

En la resolución a la que Hoy tuvo acceso, los jueces Horacio Nardo, Isabel Martiarena y Carmen Palacios Arias precisaron duras críticas a los sistemas de control estatal, al sobreseer a cuatro ex senadores radicales bonaerenses, procesados por presunto fraude con el otorgamiento de subsidios.

En rigor, los magistrados concluyeron que "no hubo perjuicio económico (al erario público) y los senadores no tenían la facultad de contralor, por lo tanto, no hubo dolo. Y sin dolo, no hay delito".

El fallo menciona una sentencia del Tribunal de Cuentas, sobre el análisis patrimonial de los subsidios otorgados por los entonces senadores a las entidades sin fines de lucro, durante 2000, de la que surge que no hubo perjuicio económico.

Aunque sí se advierte en ese dictamen administrativo que la normativa de control aplicable "incurre en omisiones que devienen en un excesivo margen de discrecionalidad en favor del funcionario facultado para otorgar subsidios y que, consecuentemente, menoscaban la función de control a cargo de los organismos pertinentes".

Los magistrados remarcaron que si bien no pudo acreditarse el delito, "los agentes que integran la organización estatal están sujetos a ciertos deberes éticos en el ejercicio de sus funciones que exceden el mero cumplimiento formal de la legalidad vigente, circunstancia no ajena al poder que los suscriptos representamos".

También explicaron que el tribunal entendió que, al no detectarse perjuicio patrimonial, no se da uno de los requisitos típicos de la figura penal que se investigó en esta causa: "Fraude en perjuicio de la administración pública".

Al interpretar que no hubo delito, los jueces sobreseyeron a los ex senadores Posadas, Gustavo Marelli, Carlos Pérez Gresia y Alberto Stávale, y a los ex empleados de la Legislatura bonaerense Víctor Weckeser y Daniel Montes.

Esta investigación, que estuvo a cargo de la fiscalía de Delitos Complejos de La Plata, se inició en 2002, a partir de la denuncia de un particular por presuntas irregularidades en el otorgamiento de subsidios, durante 2000, al parecer en fundaciones "inexistentes o fantasmas", una de ellas denominada Río de la Plata, por unos 120 mil pesos.

Otra postura defensista, no tenida en cuenta por el tribunal, señaló que la entrega de subsidios es uno de los actos públicos que no está sujeto a control judicial.