Antes de ingresar, en diálogo con 0223.com.ar, anticiparon que estaban dispuestos a demostrar que la denuncia no tenía ningún tipo de fundamento. Sin embargo, reconocieron estar preocupados ante la posibilidad de que, por la observación de Píccolo en el Tribunal de Cuentas provincial, quedara frenado el pago de parte de la deuda que tiene el estado bonaerense con el sector y que se iba a realizar el jueves con bonos del Estado.

El vicepresidente de la Asociación Bonaerense de Prestadores de Servicios a comedores escolares y afines, Marcelo Luzzi, ratificó que los procedimientos que llevan adelante con cada escuela para la provisión de alimentos son “totalmente transparentes”.

“La consejera escolar dice que nuestros precios son altos pero, más allá de que están igual que en el mercado, ella no tiene en cuenta de que nosotros vendemos mercadería de primera calidad que cobramos 10 u 11 meses después, con pérdidas de entre el 10 y 15%”, explicó en declaraciones a este medio luego de la reunión.

En ese marco, consideró que Píccolo “se pudo haber confundido o equivocado” porque en los establecimientos educativos deben hacer “malabares para que a los 50 mil chicos del distrito puedan tener su comida todos los días”. No obstante, aclaró que no cree que “hayan habido segundas intenciones en todo este tema”.

A su vez, Luzzi dijo que, una vez aclaradas estas cuestiones en el Consejo, los diferentes bloques que integran el organismo provincial suscribieron a un acta que presentarán en las próximas horas ante el Ministerio de Desarrollo Social bonaerense, para solicitar que se les paguen en bonos a los proveedores.

“La Provincia le debe a los 135 distritos una suma que ronda los 450 millones de pesos de los cuales, 4,5 millones corresponden a Mar del Plata; y que se nos pague al menos una parte de esa deuda en bonos, nos ayuda a desahogar”, finalizó.