La Universidad ha sido y debe seguir siendo un ámbito de respeto a la pluralidad de opiniones, donde se promueve la discusión de las ideas en todas las ramas del conocimiento. Para que esto sea posible, resulta necesario defender la plena vigencia del estado de derecho, respetando la división de poderes, lo que incluye el accionar independiente de la Justicia.

Por eso suscribimos este manifiesto para avalar la acción del rector de solicitar al Poder Judicial que resuelva la cuestión dentro del marco institucional que es aplicable. Esa es su obligación como funcionario público responsable.

Por hacer lo que corresponde, las autoridades del rectorado han recibido críticas de algunos sectores que entienden que la acción de desalojo, ordenada por la justicia, fue violenta y sin aviso previo. Ante estas opiniones, cabe señalar que la orden de desalojo se dictó con muchos días de anticipación, generando, como reacción, el aumento de ritmo de construcción en los terrenos ocupados.

El día del desalojo efectivo, funcionarios de la Universidad y autoridades judiciales dialogaron por varias horas con los ocupantes sin que los mismos acataran la orden, por lo que las fuerzas policiales tuvieron que hacer efectivo el mandato de la justicia.

¿Qué opinión tendrían quienes critican al rector si no hubiera reaccionado denunciando la ocupación fáctica de estas tierras? ¿Lo habrían criticado por permitir que parte del patrimonio de la Universidad Pública pase a manos privadas mediante una acción ilegal? ¿O lo hubieran felicitado por mirar distraidamente para el costado legitimando esta metodología?

Entendemos que este es un tema complejo y vinculado a la política de tierras oficial. Por ello, podría ser necesaria la colaboración de las autoridades universitarias con el municipio para encontrar una solución alternativa para estas familias que tomaron esta decisión considerando que era su única opción de acceso a terrenos, a través de una metodología que, según la opinión de algunas personas, ha ido “legitimándose” en los últimos años.

Consideramos también que la situación de emergencia social, que pudo haberse generado por el desalojo, debe ser atendida por lo cual pedimos a las autoridades rectorales que soliciten al municipio la ayuda urgente, para aquellos casos en que la misma se justifique.

Bajo estas premisas, defendemos y avalamos las decisiones adoptadas por las autoridades de nuestra universidad, en salvaguarda de su patrimonio actual y futuro.

Integrantes de la comunidad de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco de Comodoro Rivadavia