Hay un dicho popular que dice: "después que se ahogó el niño, María tapó el pozo". Hace referencia, desde el sabio anonimato popular, a una práctica muy argentina: se actúa después que las cosas malas, que hubiéramos querido evitar, suceden.

Este jueves, en Neuquén, no hubo político, ni dirigente empresario, ni dirigente sindical, ni persona común consultada por los medios periodísticos, (ni periodistas, que opinaron bastante) que dejara de repudiar los hechos de violencia cometidos durante la marcha por el golpe de Estado de 1976, a 34 años de ocurrido.

Lo hizo el intendente Martín Farizano, que convocó incluso a los periodistas para afirmar su "total y absoluto repudio" a lo ocurrido protagonizado por un "pequeño grupo" de "bárbaros" que produjeron daños a otra cantidad mucho más importantes de ciudadanos, "más de 10.000" que se manifestaban contra –precisamente- "la intolerancia".

Dijo Farizano que la "vigencia de los derechos humanos" implica entre otras cosas "tratar de frenar" cualquier tipo de abusos. Y sostuvo incluso que está el municipio trabajando con la policía provincial en el tema de instalación y uso efectivo de las famosas pero hasta el momento inútiles cámaras de video con fines de seguridad pública.

Más tarde repudió también el gobernador Jorge Sapag. Instó a no hacer más marchas nocturnas (parece que el horario es importante para la violencia). Dijo que la democracia es para los tolerantes y pacíficos, defendió a la policía, y prometió que se actuaría cada vez que los violentos pretendieran agredir el sistema democrático.

El repudio vino desde la derecha, la izquierda, de abajo y de arriba.

Tanto repudio, lo único que parece asegurar es que quienes tiraron bombas molotov, piedras, rompieron vidrieras, automóviles, se llevaron botellas de vino del "Viento Sur" del hotel del Comahue, se enfrentaron con la policía, y también con dirigentes de organizaciones de derechos humanos, esos "bárbaros", "grupos minoritarios", "violentos de siempre", no pertenecen a ninguna organización ni forman parte del pueblo neuquino.

Deben venir de otra galaxia.

El año pasado se dijo lo mismo.

Y el año anterior al año pasado, también.

Los concejales de Recrear, Bermúdez y López, pidieron que Sapag eche del Gabinete al secretario de Seguridad, Guillermo Pellini. El pedido es, según el argumento de estos ediles, el incumplimiento de sus deberes específicos. Concretamente, se le atribuye permitir que esos "grupos minoritarios" rompieran, agredieran, robaran y saquearan ante una actitud pasiva o en todo caso ineficiente de la policía, que está bajo las órdenes del aludido Pellini.

El diputado Rodolfo Canini, desde el otro extremo del arco ideológico, o por lo menos de lo que se está acostumbrado a considerar "ideológico", dijo curiosamente más o menos lo mismo. Que la policía no actuó como correspondía.

La ensalada comenzó a complicarse a medida que avanzaba la mañana del jueves. La policía actuó mal porque no debe reprimir; y actuó mal porque no reprimió. Se debería prevenir…pero al mismo tiempo, se asegura, no se puede llenar de policías, de cámaras de video para vigilar, ni de nada que obstaculice la sagrada libertad de manifestación.

Canini dijo que habría que fijarse en quién se beneficia con estas actitudes violentas, para saber quién está detrás de los "grupos minúsculos" de violentos.

¿Quién se beneficia? Se le preguntó.

Los mismos de siempre…quienes son denunciados, por ejemplo, por la propia presidenta Cristina Fernández, dijo el diputado.

¿El grupo Clarín? Pregunta el periodista de LU5.

Bueno, obviamente en el caso de Neuquén no, dijo Canini.

¿Quién se beneficia? ¿Quién? Que alguien, si lo sabe, lo diga, por favor, porque esto es más oscuro que el misterio de la Santa Trinidad.

Desde Buenos Aires, el diputado nacional José Brillo envía un urgente repudio a lo sucedido. Está bueno saber qué se opina del MPN, o por lo menos, desde un sector del MPN.

Brillo, además de lo que dijeron todos, dice que "desde la organización y la convocatoria, también tendrá que existir un replanteo, una autocrítica. No resulta racional ni coherente, que éstas marchas impliquen tensión, pánico, pérdidas materiales".

Mientras se suceden las declaraciones, la veintena de adultos que seguían detenidos por los sucesos del miércoles fueron liberados (los menores de edad habían sido liberados antes). Entre ellos José Papalardo, un dirigente de ATEN. Obviamente, todos aseguran que no tuvieron nada que ver con los hechos de violencia.

O sea que la policía no solo no actuó, sino que cuando actuó detuvo a los que no habían hecho nada. ¿Es posible un escenario –siempre a juzgar por la descripción de los protagonistas- más disparatado?

Simultáneamente, políticos y sindicalistas enredados en el paro docente, salieron a repudiar la "política de represión ejercida por el gobernador Jorge Sapag" durante la manifestación del 24 de marzo.

Marcharon al monumento, no sin antes determinar la "profundización de las medidas de fuerza, con 72 horas de paro y presencia sobre la ruta en la zona del peaje en los puentes carreteros". Esto fue decidido en una "masiva asamblea" de ATEN capital pasado el mediodía de este jueves.

Así las cosas, se puede sintetizar la situación, aunque siga sin entenderse, con algunos puntos reveladores:

* Los organizadores de la marcha del 24, no querían presencia policial masiva. Se opina que la policía "es odiada" al menos por una parte de quienes fatalmente participan de estas movilizaciones, y que por ende su sola presencia es perjudicial.

* Cuando se registraron los primeros incidentes, un sector de la organización pidió a los "obreros de FASINPAT" que hicieran un cordón de protección que oficiara al mismo tiempo de separación entre la "masiva marcha" y el "minúsculo grupo" de vándalos.

* Hay políticos y funcionarios que reclaman que el Estado actúe simplemente siguiendo lo que dicen las leyes, y que no permitan que se destrocen propiedades y se ponga en peligro la vida de personas. Es decir, que piden que la policía actúe, aunque se elude la "mala palabra" represión.

* Hay otros políticos y otros funcionarios que dicen que la policía actúa sospechosamente. Que el Estado reprime y encima reprime mal.

* Todos sostienen una verdad aparentemente incuestionable: los "grupos minoritarios" de encapuchados y jovenzuelos armados y violentos no pertenecen a ninguna mayoría ciudadana legal. Todos reclaman explicaciones acerca de las motivaciones presuntas de la violencia. Todos quieren saber "quién está" detrás de esta violencia.

Tal vez, en lugar de intentar una pesquisa tan dificultosa, habría que intentar simplemente hacer cumplir la ley.

Porque la ley deberían respetarla todos.

Y el Estado debería aplicarla, incluso a quienes no se sienten protegidos por ella, y piensan que por lo tanto es más cómodo tener una ley propia.

Una ley que se acomode a cada interés, a cada persona. Una ley que cambie según el humor, según la oportunidad, de manera que no sean las personas las que se acomoden a la ley, sino al revés.

Eso, debe admitirse, es imposible.

Hasta que no llegue el día en que se acepte este elemental principio, sobrará la violencia y escasearán las explicaciones.