Más allá de este caso puntual, la sala penal del Tribunal fijó un claro criterio: una causa puede llegar a la instancia del juicio oral solamente impulsada por la querella. La resolución, difundida ayer, fue unánime. Los vocales Guillermo Labate y Graciela Martínez de Corvalán elaboraron fundamentos propios en el mismo sentido.

El querellante Ricardo Mendaña, quien representa a dos policías sancionados por desobedecer la orden de liberar la zona, dijo que "es una grata noticia, es un paso más en la posibilidad de que el imputado se siente en el banquillo de los acusados, que ejerza su defensa y nosotros podamos probar la responsabilidad que tiene en esta orden ilegítima que le dio a la policía el 30 de marzo de 2006 a propósito de un conflicto que tenían los docentes y que se había exteriorizado en la ocupación del acceso a la refinería de Plaza Huincul".

"Suponemos que la defensa va a presentar un recurso extraordinario federal (para llegar a la Corte), tiene 10 días para eso, el Tribunal lo tiene que analizar y esto nos va a significar alguna demora más", agregó. De todos modos consideró que "el tiempo, aunque muy acotado, permite que el juicio se haga antes de noviembre. Confiamos en que esto ocurra. Como está el procedimiento a esta altura, pareciera que no hay más obstáculos".

Por su parte Hugo Papalardo, secretario general del gremio docente, dijo que "para ATEN esto es un paso adelante y una bocanada de aire fresco para que de una vez por todas las justicia sea independiente del poder político. Esperemos que Sobisch sea finalmente sentado en el banquillo".

La resolución del Tribunal Superior establece que es constitucional el último párrafo del artículo 313 del Código Procesal Penal, que permite que una causa llegue a juicio solamente impulsada por la querella.

Descarta, en ese sentido, que entre en colisión con el artículo 120 de la Constitución Nacional, el cual fija las facultades que tiene la fiscalía.

Desde la Junta de Gobierno del MPN que preside, Sobisch advirtió anoche que recibió la resolución "con absoluta tranquilidad" y la adjudicó a "grupos corporativos" que buscan perjudicarlo. "Se trata de ensuciar mi persona, de colocar obstáculos y palos en la rueda con el objeto de no permitirme ejercer mi trabajo político", apuntó. Advirtió que continuará defendiendo sus derechos.