Recientemente la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) propuso, junto al Gobierno Nacional y las organizaciones de trabajadores, un Pacto Federal de Hidrocarburos que promueva la inversión real y necesaria destinada a lograr el autoabastecimiento –que alguna vez alcanzamos en el país- y la sustitución de importaciones de dichos productos.

La propuesta llegó luego de muchos años de abogar por la titularidad del dominio y la jurisdicción sobre los recursos naturales de cada provincia. Hoy, vemos cómo los propios gobiernos provinciales comenzaron a liderar la regulación de la inversión en materia de producción hidrocarburífera. Fue un largo camino que se inició con el proceso de reconocimiento constitucional de la titularidad de las provincias en 1994 y continuó con la sanción de la ley corta de hidrocarburos en el 2006.

Hoy por hoy, las provincias deben liderar y asumir el protagonismo político en materia de explotación de sus recursos naturales. Incrementar la exploración y explotación requiere de mayores controles de producción, la exigencia de metas y proyectos de inversión en tecnologías convencionales y no convencionales y la asociación de las actuales concesionarias con empresas públicas o privadas que tenga interés en hacerlo. Claro está que exigir la máxima producción sostenible, controlar planes de inversión, monitorear el cumplimiento de la legislación ambiental y llevar una adecuada planificación de un sector sumamente complejo, implica la creación de importantes estructuras de control, con la suficiente sofisticación tecnológica y recursos humanos altamente capacitados para realizar dicha tarea.

El reciente Pacto Federal de Hidrocarburos es un ejemplo práctico de lo que nuestro país viene realizando desde su organización institucional hace casi dos siglos. A grandes rasgos, en lo que a las provincias respecta, implica que éstas deban exigir a sus concesionarios de permisos de exploración y contratos de concesión de explotación, metas de inversión y producción, inspirados en la ley 17.319 –de hidrocarburos- que se asienta sobre dos principios cardinales de regulación, a mi modo de ver: la seguridad jurídica y la soberanía energética de la Nación.

Un segundo segmento, dedicado al downstream, sugiere ordenar medidas a las empresas refinadoras y distribuidoras de combustibles en el mercado interno, que garanticen el abastecimiento adecuado en relación a la demanda, como así también la asunción del sobrecosto de importación de combustibles, que se sustenta claramente en la responsabilidad que tienen dichas empresas en la producción necesaria.

Entiendo que el principio de seguridad jurídica, como concepto jurídico indeterminado, puede prestarse a una variada gama de interpretaciones. En esta materia, seguridad jurídica implica el respeto por los plazos de los permisos y contratos de concesión, permitiendo la obtención de una rentabilidad razonable, considerando que se trata de bienes escasos y no renovables de dominio estatal. Los estados provinciales, como propietarios de esos recursos naturales, son los que pueden establecer los parámetros de razonabilidad de la rentabilidad del sector a partir de la fijación de pautas de explotación y metas de inversión en exploración para reponer reservas. Actualmente la demanda global de hidrocarburos no puede dar margen a la especulación y la restricción en la producción, si consideramos que los precios crecieron considerablemente y de manera ininterrumpida desde la crisis del 2009.

Por otro lado, el concepto de soberanía energética viene entrelazado claramente con el carácter de commoditie que tienen los hidrocarburos y el rol estratégico geopolítico de gozar del autoabastecimiento como factor de desarrollo económico. Una menor dependencia de los combustibles extranjeros, permite direccionar inversión hacia obras de infraestructura pública y social –sobre todo en materia sanitaria, de vivienda y educación- y en procesos de sustitución de la matriz energética –mucho más largos- a partir de fuentes renovables. Esto representa una mejora en la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. Asimismo, implica un proceso de fuerte expansión de la economía regional, a partir de las inversiones que se generan en exploración y explotación de hidrocarburos.

Alicia Comelli

Diputada de la Nación por el MPN