Los abogados libreños parecieran no estar dispuestos a consentir la indiferencia del Superior Tribunal, que no logró poner límites a los excesos de la Fiscalía General.
El titular del Colegio de Abogados de la Cuarta Circunscripción, Álvaro Sánchez Guerrero, presentó en las últimas horas un pedido de juicio político contra tres de los cinco ministros integrantes de la Corte provincial, sumando así un capítulo más a una historia que tiene al Superior Tribunal de Justicia bajo la lupa de la comunidad correntina, ante varios desfases denunciados que se intentaron aplacar desde la mesa chica del Poder Judicial.
Lo cierto es que Sánchez Guerrero entregó al presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani, un petitorio para que se promueva un juicio político contra Carlos Rubín, Alejandro Chaín y Guillermo Semhan.
Las causales detalladas en la nota hacen referencia al mal desempeño, inconducta y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Por lo cual se piden las actuaciones correspondientes a la Comisión de Juicio Político a fin de que proceda a investigar a los funcionarios acusados y se los acuse ante la Cámara de Senadores hasta que se disponga la destitución.
El primero de los puntos resaltados está relacionado a un "asombroso episodio" que involucró al fiscal general, César Sotelo, a quien le sindican una absoluta pérdida de idoneidad para el cargo frente a la carencia de independencia de los ministros, desatención de sus funciones constitucionales y de control como órgano supremo del Poder Judicial de Corrientes y garantes de la prestación regular del servicio de justicia alterado en Paso de los Libres.
En efecto, los abogados libreños ponen para el análisis legislativo la causa en la que Sotelo solicitó al Superior avocamiento por "gravedad institucional" y exigió medidas disciplinarias contra los representantes del Tribunal Oral de Paso de los Libres, luego de que desde allí le marcaran la inconstitucionalidad de las designaciones de fiscales realizadas.
El consentimiento de los superiores demostrado en las resoluciones, aseguran, fueron en contra de la Ley y la Constitución, enfatizando además en la omisión de los mecanismos para sancionar los excesos y abusos del Fiscal General, lo que los transformó en "encubridores o cómplices de la arbitrariedad del manejo" de César Sotelo, tal cual reza el petitorio.
Este "detalle" no hizo más que convencer a los legistas nucleados en la Cuarta Circunscripción, que "los ministros actuantes han violado el claro mandato de la Ley 5.854, que han resuelto la cuestión en contra del ordenamiento jurídico vigente". También consideran que "han vulnerado las garantías constitucionales que deben tener los ciudadanos de la 4ª Circunscripción impetrantes de un habeas corpus", ante la Cámara Criminal de Paso de los Libres, que -resaltan- no sólo acogió la garantía constitucional, sino que procuró disponer las medidas conducentes para que todo proceso tenga el quicio constitucional a fin de garantizar el Estado de Derecho y la Constitución.
"NULA DE NULIDAD"
El texto relata además que es público y notorio que la resolución del 18 de abril último es nula de nulidad absoluta conforme a lo establecido según Ley sobre pautas, formas y modos de elegir funcionarios de manera provisoria, para que cumplan tareas en el Poder Judicial. "El Fiscal General no cumplió con este recaudo al emitir esta resolución y caracterizó a la misma de manera excepcional", dice. De allí la resolución del Tribunal Oral de Paso de los Libres.
PLAZOS VENCIDOS
Es conveniente señalar que el Colegio de Abogados de Paso de los Libres emplazó al Superior Tribunal de Justicia, ante la presencia de fiscales truchos "nombrados a discreción por el Fiscal General", dé una respuesta, pero el plazo terminó y no hubo contestación institucional del Superior en ejercicio de la Superintendencia. Y peor aún, tal como describen, uno de los ministros, que actualmente ocupa la Presidencia, expresó en declaraciones a la prensa que la designación de los fiscales era materia propia de la Fiscalía General y que el alto Tribunal no podía hacer nada.
PALABRAS QUE
DEMUESTRAN
Las manifestaciones de Rubín demostraron a los abogados un desconocimiento de la Ley de Sustitutos, que fuera aprobada por la propia Corte local, en la cual se determinó cómo deben cubrirse las vacancias, lista anual, aprobación por el Senado, sorteos públicos, toma de juramento al sustituto, publicación por Acuerdo.
"Es una grave violación a sus obligaciones ministeriales, extendida a los doctores Chaín y Semhan", quienes junto al titular del Superior dejaron al descubierto una maniobra para "tapar el exceso incurrido por el Fiscal General", aseguran desde suelo libreño. Esto se evidenció al revocar las nulidades dictadas por el Tribunal Oral de Paso de los Libres, que mostró la situación de gravedad institucional generada por la actuación de funcionarios fuera de la Ley en múltiples causas.
En la misiva presentada por Sánchez Guerrero a Cassani se sostiene que no puede consentirse que a los abogados y jueces "quieran hacer creer los ministros que un fiscal general puede nombrar so pretexto de la situación excepcional por falta de fiscales, a expensas de las normas vigentes".
Se asegura además que la situación de crisis fue resultado de las propias "omisiones del Fiscal, consentidas por el Presidente del STJ", al omitir los organismos encargados de cubrir las vacantes.
"Era sabido que una de las fiscales estaba pronta a jubilarse, y nada hizo el fiscal Sotelo. Era aún más conocido que el otro fiscal iba a ascender raudamente, y nada se hizo nuevamente", enfatizan en el documento para hacer hincapié en que existen hasta hoy personas en condiciones de ocupar en forma legal el cargo de sustituto, pero están trabajando a expensas del Derecho, enfatizando que "la fiscal ilegal" anda como si nada pasara, "como una burla a los justiciables y abogados libreños".
"Este cuerpo colegiado tiene el deber de demandar responsabilidades institucionales por la grave omisión en que han incurrido parte de los ministros del Superior Tribunal, al no dar respuestas oportunas al accionar de personas que, sin estar habilitadas, ejercen como fiscales, participando de los procesos y dando órdenes a la Policía, violando el deber republicano de explicar sus actos dentro del Estado de Derecho y como uno de sus poderes", reza el documento.
En el expediente dejado también en Mesa de Entrada de la Cámara de Diputados se indica con verdadero énfasis que al resolver dependiendo de los intereses fiscales, "los ministros perdieron su independencia e imparcialidad, y con ellas la idoneidad para desempeñar sus cargos". Además dejaron en claro que los superiores "lejos están de alegar ignorancia de las leyes vigentes", viéndose agravada la situación por la conducta omisiva por sus condiciones calificadas de garantes de la recta administración de justicia en Corrientes.
Para los abogados libreños queda demostrado que los ministros, a sabiendas de que el Fiscal General no tenía potestades de designar por sí solo funcionarios, permitieron que desde abril hasta la actualidad Sotelo nombre a personas sin condiciones legales para ocupar los cargos.
La crisis
Para los abogados, la gravedad es que la importancia de garantizar la intervención de jueces alejados de interés en la causa, o con amistad incluso hacia el denunciado Sotelo en las acciones de hábeas corpus, hace al debido proceso y las garantías elementales del juicio. Por ello sostienen que sin eso, "nada queda, no hay justicia, sólo autoritarismo e inseguridad jurídica". Y ante los distintos argumentos y pruebas presentados en la Legislatura, aseguran que es indudable que "deben estar fuera del camino aquellos ministros que pudieron consentir a sabiendas las ilegalidades del Fiscal General porque son parte interesada y son parciales". De esta manera aclaran que esta pérdida de imparcialidad del Juez hace que éste pierda también idoneidad para el cargo, y si persiste en entender en una causa en la que sabe tiene intenciones en su curso, incurre en mal desempeño y debe ser destituido por juicio político.
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