La diputada que demanda que se libere la Costanera de todo emprendimiento comercial le respondió a la concesionaria del predio Costa Salguero que denunció al juez porteño Roberto Andrés Gallardo. “Costa Salguero está dando manotazos de ahogado, se les acabó el negociado, están al margen de la ley y la deben cumplir como cualquier ciudadano. Tanto por Punta Carrasco y Costa Salguero, las medidas judiciales fueron favorables y en todos los casos confirmadas por la Cámara de Apelaciones", definió la legisladora Rocío Sánchez Andía (Coalición Cívica-ARI) tras dar a conocer NOTICIAS URBANAS que la empresa Telemetrix SA, concesionaria de Costa Salguero, demandó al magistrado solicitando al Consejo de la Magistratura que le inicié juicio político por mal desempeño.

Sánchez Andía, junto con el entonces legislador Facundo Di Filippo, presentó un recurso de amparo solicitando aplicar la normativa que establece un corredor ribereño libre y público. La demanda iniciada en el 2009 por entonces recayó en el juzgado Nº 2 del fuero Contencioso, Administrativo y Tributario a cargo de Gallardo, quien es demandado por “amenazar el predio a raíz de la ilegítima, parcial y deliberada actividad que lleva el juez”, según figura en el pedido de juicio político presentado por la concesionaria.

El magistrado odiado por Telemetrix SA sumó otra carta a su favor. Los legisladores integrantes de la Comisión de Ecología emitieron un despacho de proyecto que establece que la totalidad de la costa porteña es de uso público, de libre acceso y circulación.

Si se aprueba la iniciativa presentada por la diputada de la Coalición Cívica-ARI las construcciones o actividades en la ribera, caerán de inmediato. Deberán desocupar y desmantelar o demoler los inmuebles pagando los costos el responsable, ocupante, concesionario, poseedor, tenedor o propietario.

Para Sánchez Andía, miembro de la comisión de Ecología, "la costa del río existe para que la disfruten todos, una costanera como Rosario o Montevideo y para eso estamos trabajando. Hay que terminar con las concesiones truchas, que benefician a unos pocos", manifestó, en clara referencia a Telemetrix SA.

En el amparo judicial se fijó un plazo máximo de 365 días para la desocupación de la costanera.