Situación institucional del Centro de Jubilados preocupa a la Legislatura

Los comicios habían sido declarados inválidos por Personas Jurídicas pero el oficialismo hizo caso omiso y continuó con el cronograma electoral. Diputados pidió un informe a este órgano rector y el Senado estudia uno similar pero dirigido al Ministro de Gobierno.
En la última sesión de la Cámara de Diputados, ese cuerpo legislativo aprobó una Resolución en la que solicitan un informe a la Inspección General de Personas Jurídicas sobre la situación institucional del Centro de Jubilados y Pensionados de la Provincia (CJPPC). Ayer, el Senado envió a comisión, para su pormenorizado estudio, otra iniciativa similar pero, en este caso, dirigida al Ministro de Gobierno y Justicia, Gustavo Valdés. Es que la entidad que nuclea a los pasivos provinciales continuó con un proceso electoral que el organismo rector declaró inválido por transgredir “principios y garantías constitucionales”.

El pedido de informe en Diputados, de autoría del justicialista Luis Badaracco, fue aprobado por la unanimidad de los legisladores presentes en el último encuentro parlamentario de la Cámara baja. El mismo no estaba contemplado en el Orden del Día pero fue tratado y avalado debido a la delicada situación institucional por la que atraviesa el CJPPC. En el Senado, la solicitud tiene la firma de varios parlamentarios y será tratado en próximas sesiones.

El problema se suscita porque Personas Jurídica dictaminó, en los primeros días de junio pasado, la invalidez del proceso electoral en el Centro de Jubilados a partir de una presentación de Justo Álvarez Hayes quien, por entonces, pretendía ser candidato a la presidencia por una lista opositora.

Personas Jurídicas impugnó los comicios porque la Junta Electoral determinó que los afiliados de las localidades de Saladas, San Luis del Palmar, Mocoretá, Itá Ibaté, Alvear y Yapeyú no podrían votar en sus ciudades y deberían trasladarse a otros municipios para sufragar.

El texto de la Resolución de Personas Jurídicas señala que “‘se trata de votantes en su mayoría personas mayores que tienen el derecho de elegir y ser elegidos (Constitución Nacional Art. 18) los cuales tienen que trasladarse a otra localidad para sufragar (...) y discriminatoria por el traslado de los mismos a varios kilómetros para hacer uso de su derecho, ocasionando un daño material y económico coartando su voluntad de concurrir voluntariamente”.

Al momento de la declaración de invalidez del proceso electoral en el Centro de Jubilados, sólo la lista encabezada por María de las Mercedes Solís de Zambrano, quien buscaba su reelección en la presidencia, se presentó para competir en los comicios.

Por su parte, Álvarez Hayes había señalado que no presentó su candidatura porque entendió que de hacerlo convalidaría un proceso electoral “viciado de nulidad”.

Sin embargo, a pesar de la resolución de Personas Jurídicas y haciendo caso omiso a ella, el 23 de junio se concretó el Congreso Extraordinario de Delegados del Centro de Jubilados en el que se proclamó como vencedor del proceso electoral a la única lista oficializada. De esa manera, Solís de Zambrano continuó al frente de la entidad.

En el proyecto de Resolución donde Diputados pide informes a Personas Jurídicas, el cuerpo legislativo manifiesta que la situación es de incertidumbre y que “hasta el día de la fecha (el Centro de Jubilados) no tiene convalidado la realización del acto eleccionario”.

El Artículo 1º de la Resolución aprobada solicita a Personas Jurídicas que informe sobre el estado en el que se encuentra el acto eleccionario del Centro de Jubilados y si existe alguna impugnación u objeción a los comicios. Si éste último ítem fuera afirmativo, el cuerpo legislativo solicita que se detalle el estado de actuaciones administrativas.

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