Nada hace presagiar que vaya a cambiar la relación contractual entre la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL y los seis municipios del Gran San Miguel de Tucumán, pese a que sobre Mario Delfor Criado, el gerente general de la firma responsable de la disposición final de los residuos, pesan 17 imputaciones en causas por violaciones a los derechos humanos.

Como publicó LA GACETA ayer, el fiscal federal Emilio Ferrer remitió al Concejo Deliberante de la capital un informe mediante el que detalla las carátulas y los números de expedientes de las causas en las que aparece involucrado el empresario, todas abiertas por delitos cometidos durante el último gobierno militar. La inquietud surgió a partir de una advertencia pública del concejal radical José Luis Avignone, quien en la última sesión de 2009 se refirió a los antecedentes de Criado.

"Todo esto es posterior a la firma del convenio; el consorcio no tenía conocimiento de estas causas", aclaró el presidente del Concejo capitalino, Ramón Santiago Cano, quien a la vez es titular del consorcio intermunicipal que, desde 2009, tiene a su cargo la gestión integral (recolección, separación y disposición final) de los residuos sólidos urbanos del área metropolitana. Precisamente, los municipios de la capital, Yerba Buena, Banda del Río Salí, Tafí Viejo, Alderetes y Las Talitas cedieron en favor del consorcio los contratos individuales que cada administración tenía firmado con la empresa a la que representa Criado. En efecto, allí está otro de los justificativos que esgrimió el edil Cano para plantear sus reparos a un eventual cambio. "No tenemos un convenio firmado con una persona física, sino con una empresa. Es delicada la cuestión. Se hará un estudio jurídico y el dictamen será evaluado por la asamblea del consorcio", dijo. Ese órgano es integrado por los intendentes Domingo Amaya, Daniel Toledo, Zacarías Khoder, Javier Pucharras, Julio Silman y Luis Morghenstein. No obstante, como la asamblea del consorcio se reúne una sóla vez por mes, el encuentro no se hará si no hasta la próxima semana.

Como San Miguel de Tucumán es el municipio que tiene el vínculo más importante con Servicios y Construcciones La Banda SRL, el informe del fiscal Ferrer no pasó desapercibido en la Intendencia. El secretario de Gobierno, Marcos Díaz, detalló que una vez recibido, el documento será girado a la Fiscalía Municipal. "Estamos a favor de que actúe la Justicia, pero creo que se debe esperar por una resolución en esas causas para tomar una determinación, a partir de lo que nos aconseje Fiscalía", advirtió.

Una visión similar tiene el vicepresidente segundo del Concejo Deliberante de la capital, Hugo Cabral. El justicialista reconoció que se trata de una situación complicada de resolver. "Quiero que las 17 causas se tramiten con celeridad en la Justicia, para poder dilucidar si esta persona tiene algún grado de culpabilidad y, en ese caso, pague sus culpas. Pero entiendo que la Municipalidad tiene un contrato con la empresa, de la que él es una parte, nada más", sostuvo Cabral.