La decisión fue tomada en una cuestión de competencia que la Cámara definió a favor que fuese Oyarbide, ya que hasta el momento "se desconocen los alcances de la maniobra, y la intervención que en ella pudieron tener otros funcionarios, tanto locales como nacionales".

Según las fuentes judiciales informaron a Noticias Argentinas, la causa se inició el 6 de marzo de 2011 a raíz de una denuncia presentada por Guillermo Noailles, de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA).

La investigación apunta a una serie de irregularidades que se habrían dado en el contrato celebrado entre el Gobierno porteño y la Facultad Regional de Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN-FRBA) y el Gobierno porteño, dirigido a la implementación de un sistema de vigilancia y control de monitoreo para la Ciudad y en el cual se habría hecho un incorrecto manejo de los fondos otorgados por el Ejecutivo local.

Ello en virtud de que el Decano de la institución educativa subcontrató ilícitamente con la empresa privada "CODESUR S.A" para que ejecutara una parte de dicho servicio.

Oyarbide se declaró incompetente y la causa pasó al juzgado de instrucción Nº 40 al considerar que la investigación apunta a funcionarios locales.

No obstante, el juzgado de instrucción tampoco aceptó la competencia al entender que había un interés federal, al estar cuestionada la conducta del decano de la Universidad Tecnológica, es decir, un funcionario nacional.

Pero para la Cámara la investigación además de perjudicar las arcas del estado local, habría comprendido el desempeño de funcionarios nacionales, y por ello decidió que fuese Oyarbide el encargado de seguir a cargo de la causa.