Desde que se institucionalizó el sistema educativo, a través de la ley 1420, en 1884, hubo diversos proyectos. La actual ley, consensuada por las provincias, rige desde 2011, constituye el último intento por mejorar el sistema.
El primer proyecto educativo nacional para unificar objetivos y criterios data de 1884, cuando se aprobó la ley 1420 que regía la enseñanza primaria. Sus objetivos fueron acordes al proyecto político de esa década: modernizar la Nación; esto es, adecuarla a las necesidades económicas del momento, tanto locales como extranjeras.
En su fundamentación dice que buscaba la integración de la población, teniendo en cuenta que la inmigración había generado nuevos sectores sociales y culturales.
Más allá de la discusión sobre si se cumplieron o no sus objetivos, la importancia de esta ley radica en que, a partir de su sanción, fue el parámetro para la elaboración de nuevos proyectos educativos.
Tiene características peculiares, que van desde los contenidos que se enseñaban hasta las estrategias y metodología que usaban los docentes en el aula; muchas de ellas fueron objetos de críticas, pero es indudable que eran el instrumento para concretar el proyecto político de los hombres del '80.
Dentro del marco nacional del proyecto, cada provincia hizo su propia adaptación.
Los grandes cambios
Ya entrado el siglo XX el mundo comenzó a experimentar profundas transformaciones, muchas de ellas centradas en los aspectos económico y político. Así, lo que en su momento fue un modelo necesario, poco a poco se va convirtiendo en obsoleto para los nuevos tiempos.
Durante el siglo XX cada gobierno en Argentina intentó implementar su propio proyecto educativo, aunque en algunos casos solo fueron retoques a la vieja ley, o cambios parciales, que no tuvieron efecto directo en la sociedad; por lo tanto, su duración fue acotada.
La alternancia de gobiernos militares y democráticos que caracterizó a la Argentina en la segunda mitad del siglo XX tuvo efectos en la educación. Si bien no existió un modelo unificador, sí hubo una correspondencia de las provincias con los lineamientos de la nación.
Con la democracia
La década de 1980 fue un momento clave en el sistema educativo: los vaivenes políticos y económicos impactaron en la educación nacional, la que pasó a convertirse en el eje de los proyectos de gobierno.
La dictadura había dejado secuelas nefastas para la educación; la vuelta a la democracia implicaba el gran desafío: desarticular los vicios autoritarios y llevar la democracia a las escuelas, abarcando todos los niveles. Por ello se pensó en un modelo integrador, donde se tuviera en cuenta a todos los sectores sociales y estuvieran presentes todas las provincias.
Así, y como un nuevo intento por elaborar un proyecto que tenga en cuenta las generalidades y las particularidades de los actores involucrados, se hizo el Congreso Pedagógico Nacional. Su proceso llevó un par de años y sus efectos no fueron inmediatos, pero sentaron las bases para los posteriores cambios.
La creación de nuevas dependencias institucionales, la redefinición de objetivos, la redistribución de roles fueron algunos de los cambios propuestos. Sin embargo, el más importante fue la descentralización y transferencia de los servicios educativos a las distintas jurisdicciones provinciales.
Esto, para algunos, tenía sus beneficios, porque establecía un sistema federal; para otros, en cambio, ponía en peligro la unificación del sistema nacional. Pero, más allá de las posturas, fue el paso previo para la transformación educativa que se concretó en el país en los '90.
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