Luego que la Superintendencia de Servicios de Salud anunciara en octubre una normativa incluida en el Presupuesto 2013 donde se eliminaban algunos derechos de asistencia a personas con discapacidad, el organismo nacional creó un Sistema Único de Reintegros por prestaciones.

El nuevo mecanismo reemplazará a la Administración de Programas Especiales (APE), y “financiará las prestaciones básicas por discapacidad, a través de reintegros, siempre que las solicitudes de los mismos den cumplimiento a la normativa vigente en la materia y a los procedimientos y requisitos incluidos en la presente”.

La medida, que fue publicada este martes en el Boletín Oficial, es implementada a diez días de que finalice el plazo prometido por la Superintendencia para discutir los alcances de la resolución 1200, tras las críticas y rechazos que generó en centros e instituciones educativas de todo el país y que preocupó a instituciones locales como Ideo y Hellen Keller.

En este sentido, la implementación del Sistema Único de Reintegros (SUR) responde a los espacios de discusión que fueron abiertos. Según detalló a Infoeme Marcela Gago, secretaria de Ideo, antes del 30 de noviembre recibirán un borrador de la normativa donde se especifiquen los alcances y, en un caso ideal, se elimine la medida de dejar sin cobertura ni financiamiento a las prestaciones.

Según se publicó en el Boletín Oficial: “esta Superintendencia atendiendo a la situación planteada, dicta la Resolución Nº 1310/2012-SSSalud, por la que se suspende hasta el 30 de noviembre de 2012 la entrada en vigencia de su similar Nº 1200/12-SSSalud; invitando a los Agentes del Seguro de Salud inscriptos en el Registro Nacional de Obras Sociales, a presentar propuestas para una mejor implementación de la mencionada Resolución Nº 1200/2012-SSSalud y fundamentalmente, alcanzar sus objetivos, que son el incremento de la eficacia y la transparencia de los procesos de otorgamiento de los reintegros”.

Continúa: “Lo dispuesto se da en el marco del Decreto Nº 1172/03 PEN que establece la elaboración participativa de normas, como un mecanismo por el cual se habilita un espacio institucional para la expresión de opiniones y propuestas respecto de proyectos de normas administrativas y/o proyectos de ley, con el objeto de permitir una efectiva participación ciudadana y mejorar la calidad democrática de las instituciones”.