Al respecto, el ingeniero Carlos Crestán, del área de Obras Privadas municipal, explica que "la norma toma los conceptos más modernos de ingeniería antisísmica,  cada construcción debiera cumplir esas reglas. Habla incluso sobre las cosas viejas, si uno hace una intervención sobre un edificio antiguo le dice hasta qué grado tiene que actualizarse". Esta normativa se actualizó por última vez en la provincia en 2013.

Pero hay una aclaración central: no se trata de hacer edificios que no se dañen. "El concepto fundamental es el mecanismo de colapso, es un concepto que nadie tiene en cuenta. Nadie proyecta algo para que se destruya, sino para la vida útil. Pero el código antisísmico tiene el objeto de ver cómo se va a destruir, como se va a romper, y cuando se rompa que no produzca pérdidas de vidas humanas", aclara Crestán. Es algo análogo a los diseños de los autos: se piensan para que cuando choquen la energía del impacto sea desviada por fuera del habitáculo para proteger a las personas. Es decir, decidir cómo se va a romper, y no cómo evitar que se rompa.

Una duda habitual son las condiciones de las construcciones agregadas o anexas a una vivienda existente. "Existen dos maneras de hacerlo, en forma clandestina o a través de un profesional. Si se agrega a través de un profesional, tendrá que adecuarla a cumplir con la norma, es algo que muchos propietarios no tienen en cuenta". En cuanto a costos, la diferencia es insignificante, porque es de diseño y no de materiales, hay protocolos tanto para estructuras metálicas como para mampostería, madera u hormigón. 

Pero la pregunta central es qué pasaría si ocurre. "Estamos en un punto intermedio, no va a haber grandes daños, porque se fue difundiendo la tecnología y hasta las  casas más humildes encadenan las mamposterías", señala Crestán. "No es que estemos en el primer mundo, pero en San Rafael no hay prácticas alocadas, pese a que no hemos tenido ningún sismo", concluye.