Una dura pulseada entre el gremio ATEN –o por lo menos un sector de él- y la conducción del Consejo Provincial de Educación, a cargo de Patricia Ruiz, se ha evidenciado en estos días con una presunta confrontación con eje en la aplicación plena de la educación laica, y la consiguiente prohibición de enseñanza religiosa explícita en las escuelas públicas.

Sin embargo, no escapa a la observación atenta de la situación que la polémica entre laicismo y religiosidad puede ser en este caso sólo una excusa, para justificar un nuevo round entre gremio docente y gobierno, y generar además una fuerte participación de los estudiantes, sector que decididamente el gremio quiere tener a su favor.

La suspensión del docente Juan Carlos Maldonado, el director del CPEM Nº 8 de Plottier, escuela en donde se generó todo el problema, duró solo unos días. El CPE decidió devolverlo a su cargo. No pudo, sin embargo, evitar una movilización sindical-estudiantil, que se hizo este miércoles. Los movilizados encontraron un argumento precioso en la ausencia de argumentación sobre la “cuestión de fondo” en la disposición que devolvió a Maldonado a la conducción de la escuela. La cuestión de fondo sería la obligación de reafirmar el carácter laico de la educación pública en Argentina.

Como se sabe, todo el problema explotó cuando Maldonado decidió suspender a alumnos que desobedeciendo expresas directivas, lo “desafiaron” con el Evangelio en la mano, reuniéndose a “orar” frente mismo a las puertas de las oficinas de la dirección, en la escuela.

El tema provocó una airada toma de posición en defensa de la libertad religiosa –también consagrada por la Constitución argentina- de parte de las iglesias evangélicas, que incluso publicaron, este miércoles, una solicitada en los diarios de la región.

También llegó a la Legislatura. En la Casa de las Leyes, el diputado (Opción Federal) Horacio Rachid, presentó un proyecto de Declaración, en el que insta al CPE a “garantizar la libre expresión religiosa” en el CPEM 8.

El diputado considera que “lejos de ser un hecho aislado de inconducta”, los hechos ocurridos en la escuela “se han transformado en una cadena de hostilidades que aún no ha culminado y nos exige tomar una posición al respecto”.

Así las cosas, mientras el gremio clama con horror contra un presunto favoritismo político generado en la también presunta influencia de sectores de la Iglesia en el CPE, y defiende a Maldonado por “aplicar lo que dice la Constitución y las leyes educativas”, desde otros sectores se advierte que está en marcha una especie de “cruzada infiel” contra las religiones, o por lo menos contra algunas de ellas.

Otros simplemente interpretan que es un escalón más de la eterna pelea entre el poder sindical y el poder político encarnado en el MPN.