La aprobación legislativa se dio en un contexto político-económico singular, ya que el incremento de hecho se dispone sin la seguridad de que podrá afrontarse con fondos propios de la Justicia.

Así, los artículos de la norma fueron aprobados por unanimidad, a excepción del artículo 5, que establece concretamente que el Poder Judicial recurrirá al auxilio financiero del Ejecutivo para el caso eventual que el pago de los salarios supere su capacidad.

Ese artículo suscitó una diferencia de criterios políticos, y votaron en disidencia, con una redacción diferenciada, los bloques de Libres del Sur y ARI, que dejaron asentado que no comparten que la asistencia de un poder a otro quede sujeta a la “buena intención” del gobernador de turno.

El diputado de Libres del Sur, Jesús Escobar, anticipó también que pedirá al Poder Judicial una modificación en el mecanismo de aprobación de los incrementos salariales, para que no sea necesario que “pase por la Legislatura” su aprobación.

Anticipó que en el caso de no tener éxito en esa sugerencia, impulsará desde su bloque la modificación de la Ley de Remuneraciones.

“Concretamente, con la trampita de que pase por la aprobación legislativa, los compañeros judiciales cobrarán el aumento tres meses después de haberlo acordado”, dijo Escobar, en referencia a la inflación y sus efectos sobre el poder adquisitivo.

Recibió por ello el aplauso de representantes del gremio judicial, que estaban presentes en la sesión.