Inmediatamente de realizado el anuncio, y a sabiendas de que el círculo cercano a varios funcionarios estaban siendo trastocados, el gobernador advirtió que la nueva situación generaría derivaciones políticas que explotaron en los siguientes días.

Después de haber tomado la determinación durante el último fin de semana de crear "un programa de consolidación y flexibilización de deudas destinado a refinanciar las deudas de los agentes estatales -activos y pasivos-, canceladas a través del sistema de códigos de descuentos de haberes", para lo cual deberán "cumplimentar las condiciones y requerimientos establecidos en el marco de las labores desarrolladas por la Comisión de Revisión, Verificación y Control, la cual está relacionada con la citada operatoria", el interrogante inicial parece encaminarse a una respuesta.

Ganadores y perdedores

A diferencia de lo que pasaba hasta hace dos meses atrás, los grandes ganadores del círculo vicioso creado fueron las mutuales y las financieras que mediante artimañas legales poco claras, lograron generar una red que seducción basada en aparente ayuda y posterior asfixia económica del empleado público formoseño.

Los grandes perdedores durante años fueron los empleados públicos activos y pasivos, quienes poco y nada hicieron para revertir la situación de usura, todo bajo la mirada cómplice del gobierno que autorizó a sindicatos, mutuales y cooperativas, "prestar" su código de descuento a financieras.

Así, bajo esta metodología se orquestó todo para que los prestamistas (tanto gremios como financieras) se quedaran con una parte importante del dinero que mes a mes la provincia inyectaba en el mercado mediante el depósito de los haberes, obteniendo pingues réditos económicos por las elevadas tasas de interés aplicada a los préstamos.

Los gremios y mutuales vinculados a hombres fuertes del gobierno gozaron durante años del privilegio de prestar dinero a riesgo cero, ya que el Estado automáticamente les depositaba la cuota originada en los conocidos "descuentos por planillas", permitiéndoles reencauzar esa masa dineraria hacia nuevas "víctimas".

Aunque hay casos de distinta envergadura, los más extremos se vinculan con prácticas de usura, extorsión y estafa a los desesperados empleados públicos. Y en este punto los gremialistas (en el peor de los casos) fueron cómplices silenciosos del ahogo económico de los empleados públicos que debieron defender.

$1 millón de ganancias

Si bien es cierto que ninguno de los gremios más sospechados prestaba dinero directamente, eran el "puente" directo y obligatorio ya que poseían dos de las tres llaves maestras necesarias para ganar dinero en forma inescrupulosa y segura: captaban a los empleados públicos mediante afiliaciones y obtenían del gobierno provincial, la autorización para que los compromisos adquiridos fueran automáticamente descontados.

Las financieras tenían la otra pata del negocio: el dinero en efectivo necesario para invertir inicialmente sin riesgos de cobro.

Según afirmaciones de la ministra de economía Inés Lotto de Vechietti a Radio Uno, el gobierno inyectó $5 millones más en salarios por la suspensión de los códigos de descuentos durante junio.

Cruzando datos con la cantidad de empleados incluidos en esta decisión, que según uno de los hombres claves de este entramado –el Subsecretario de Hacienda Miguel Antinori- serían mas cinco mil; y teniendo en cuenta que cada gremio o mutual cobraba por "prestar el código entre 10 y el 20% de cada cuota", el negocio mensual para quienes debían defender los intereses de los empleados rondaba entre medio y un millón de pesos.

A medida que van desarrollándose los pasos y las metodologías de operar toman estado público, quienes siempre sospecharon de los grandes negociados en los gremios y mutuales en base a la necesidad del agente estatal perciben que el agua podría salpicar a varios allegados al centro neurálgico del poder provincial.

En la edición de mañana, El Comercial develará cómo se organizaba desde el centro mismo de un gremio la agilización de los trámites crediticios y se detallará cómo el hijo de uno de los gremios más importantes de la provincia era el destinatario de los innumerables pagarés en blanco que firmaban los empleados públicos afiliados a esa entidad.

Pero eso no terminaba allí, ya que la estafa con los pagarés firmados era otra instancia de recupero de inversiones, y los poseedores de estos documentos modificaban o falsificaban los mismos para modificar los compromisos y provocarles juicios ejecutivos a los damnificados por sumas varias veces multiplicadas.