El Gobierno boliviano oficializó ayer el aumento salarial del 5%, agudizando el descontento de varios sectores sindicales que lo consideraron "miserable, irrisorio e insuficiente" y radicalizaron las medidas de fuerza. Continuó, además, con las nacionalizaciones, restatizando una fundidora de antimonio en manos de la suiza Glencore, luego de hacer lo propio con las generadoras eléctricas el 1º de mayo.
El decreto fija un salario mínimo de 100 dólares -cinco más que el año pasado-, 5% de aumento para el magisterio y salud y sólo 3% para militares y policías.
El ministro de la Presidencia, Oscar Coca, argumentó que "el gran riesgo es que se genere un proceso inflacionario". El fantasma del trágico final de la izquierda en los 80 -que acabó dejando el poder en medio de una infernal hiperinflación- mantiene siempre en alerta a Morales y las huelgas en el Estado son sistemáticamente declaradas ilegales.
El vicepresidente Álvaro García Linera calificó de injustas las medida de fuerza, destacó los bonos sociales como salarios indirectos e insistió en que para redistribuir más debe generarse más riqueza. "Ser un gobierno de trabajadores no significa ser gobierno demagogo", remarcó.
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