Hoy vence el plazo fijado por el Ministerio de Trabajo para la conciliación obligatoria a la que debieron ajustarse el Sindicato de Trabajadores Municipales y el Ejecutivo.
El gremio entendió que se trató de una cesantía sin motivo aparente y que evidenciaba una persecución política hacia el afectado, hermano de uno de los integrantes de la CD de la entidad sindical.
Este mediodía los representantes legales de cada uno de los sectores en divergencia volverán a reunirse en la oficina que está a cargo de Humberto Salaberry, para tratar de zanjar la cuestión.
Por otra parte, el abogado del Sindicato, Pablo Garate, advirtió que a los empleados que reclaman horas extras por la vigilancia de las viviendas del Plan Plurianual, "el secretario de Seguridad les sugirió que vayan a juicio".
El letrado aseguró además que en otras áreas municipales " hay vínculos laborales precarizados, como los que denuncian los trabajadores de ese sector ".
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