Nadie puede negar que el tema de hoy en la ciudad es la inseguridad. Y que lo es para todos, aunque estén más expuestos los que están obligados a desempeñar tareas en la calle. Los que dependen, para su desempeño económico, de realizar ciertos trabajos que los ponen a diario en la mira.

Por esa razón, es permanente la preocupación que lleva a estado de debate permanente a los ciudadanos de Mar del Plata, en constante sobresalto desde aquella jornada negra, cuando la muerte del taxista Eduardo Severiens a manos de asaltantes pareció encender toda una serie de manifestaciones populares y reclamos, que terminaron en la instalación del Plan de Seguridad Ciudadana.

Claro que de poco sirvió, porque el dinero que la provincia envió para una serie de medidas que conducirían a disminuir el delito violento, terminó con la beca permanente a la Prefectura, que disfruta de esta estancia turística para tomar mate en las camionetas y ver la salida del sol en la costa. Carísimo, pero muy glamoroso. La Prefectura pide papeles a los coches comunes y desfila en caravana. Aunque las cuentas no den, todos simulan que están trabajando para el bien común.

Uno de los grupos de mayor riesgo es obviamente el de los choferes de coches de alquiler, aquellos que hoy dudan en recoger un viaje en plena calle. Todos sospechan que quizá los pasajeros les darán como destino un domicilio en un barrio periférico del que jamás volverán. Los taxistas se sienten en estado de abandono. Los demás, también.

Surgió la propuesta de instalar unidades de GPS y botones antipánico en los taxis, como una medida para disminuir el número de asaltos, y sin más discusión, el Poder Ejecutivo local autorizó dos fallidas licitaciones para que una empresa se ocupara de la provisión de equipos. Se trata, ni más ni menos que de 2.147 unidades, cuyo valor ascendería a más de $1.600.000.

Ante el fracaso de las gestiones, se pudo adivinar que no todo quedaría así: inmediatamente las fuerzas hasta entonces desconocidas que mueven los hilos de los negociados, pasaron a organizarse con la rapidez de un latigazo para proponer nuevas formas de acceso al servicio: la contratación directa. Una firma sin antecedentes en el rubro, como Taxi Puerto SRL, tercerizó un par de servicios, y con créditos dudosos que le otorgaban 240.000 dólares frescos, se situaba de la noche a la mañana en condiciones de instalar los equipos. Rubrica los papeles su socio gerente, Salvador Ariel Pennisi, y así da conformidad a los pedidos que el sindicato de choferes de taxi había hecho directamente al intendente con la firma de su secretario general, Donato Cirone. Allí se dejaba deslizar la intimidación: si muere otro taxista, es culpa de las demoras burocráticas de ustedes.

Así se llegó a la compleja sesión del Concejo Deliberante del pasado 18 de agosto, cuando el expediente no avanzó más y volvió a su tratamiento en comisiones, en virtud de que los concejales de la oposición no le prestaron su apoyo. Criticaron tanto cuestiones administrativas del expediente, como la capacidad financiera de la empresa a contratar.

Cuando comenzó la sesión, la oposición no sabía que aún podría hacer algo para evitar el avance de la propuesta ya que contaba con que la mayoría pertenecía a Acción Marplatense. Creyeron que la ordenanza se sancionaría de todas maneras. Pero sorpresivamente, el concejal oficialista Mario Lucchesi se retiró del recinto y dejó a su bloque en pampa y la vía, aunque todos sus compañeros de bancada le reclamaban que volviera.

¿Por qué lo hizo? Afirmó en la entrevista que otorgó a un medio digital que lo motivó lo sugerido por el concejal Diego Monti: era mejor que se fuera antes de que manifestara disidencia con el partido que representaba.

El primero en hablar fue Martín Aiello, que dijo en otras palabras que ésta era la manera de dar una “respuesta rápida” a una ordenanza que ya existía: la obligatoriedad de instalar GPS en los taxis. Se alegró al decir que, a partir de su implementación, Mar del Plata sería la primera ciudad del país en tener monitoreado todo el servicio de transporte público. Garantizó que las condiciones de la implementación serían apropiadas, y que el costo mensual, al estar establecido en fichas, no podría dispararse en forma irracional.

No tan así

Claro que inmediatamente llegaron los cuestionamientos. El concejal José Cano -en representación del GEN- dijo que este gasto por parte del municipio no estaba previsto en el ámbito presupuestario, es decir que no estaba claro de dónde saldría este dinero. Además, puso en duda la capacidad financiera de la empresa en cuestión: Taxi Puerto sacaba su dinero de un préstamo particular otorgado por una señora que se llama Marta Inés Franco. No sonaba muy confiable.

Pero la barra estaba ocupada por una serie de asistentes, supuestos miembros del sindicato de peones de taxis que, según muchos afirman, habían sido convocados por la misma Acción Marplatense. Con su actitud intimidatoria pretendían que el expediente fuera aprobado sin más, e hicieron llover insultos sobre cada concejal que exponía su punto de vista disidente. A Cano, y a los demás opositores, no les resulta claro -porque el proyecto no lo indica- cómo será el mecanismo de adjudicación de los equipos. Si se tratará de un comodato que implica el pago de un abono para su funcionamiento, entonces qué sucedería en el caso de mora en el canon mensual. ¿Será que se le cortará la tan preciada protección al taxista que no haga frente a su deuda? ¿Es esta una seguridad calificada económicamente?

Para apurar aún más las cosas, el presidente Marcelo Artime dejó momentáneamente la función para dirigirse a la banca, y desde allí solicitar a la oposición que algún concejal diera el voto número doce, para que los taxistas se pudieran ir tranquilos. Y allí lanzó la primera de sus frases más desafortunadas: “Cuando hay voluntad política, los papeles se acomodan”. ¿Acaso Artime está acostumbrado a “acomodar papeles”?

Para el oficialismo no resultaba claro por qué, si los partidos de la oposición reclamaban permanentemente medidas contra la inseguridad, ahora no aceptaban esta contratación que sería la solución.

Pero precisamente, son muchos los concejales que dudan de que ésta sea la forma más acertada de evitar los asaltos. Por ejemplo el edil Guillermo Schütrumpf, que fue uno de los más agredidos de la jornada, ya que recibió el golpe de un vaso cargado con agua en pleno debate. Se quejó por la agresión, y el presidente se limitó a decirle que no provocara a los manifestantes. La frase -más desafortunada que la anterior- es un ejemplo de intimidación: parece decir que si no quiere tener problemas, si no quiere ser agredido, se debe prestar a lo que los choferes del sindicato consideren mejor. Suena a un caso caricaturizado de violencia doméstica, en que la víctima es la que, supuestamente, hace enojar al agresor, y por lo tanto es responsable de los golpes recibidos.

Sencillamente

“No entendemos por qué no nos acompañan“, dice Aiello, a la vez que los opositores solicitan un plan estructurado y coherente de medidas contra la inseguridad, porque para ellos el GPS no es una panacea, es nada más que un negocio.

Es que de la simple lectura de los documentos surge que Taxi Puerto SRL, una empresa de taxis, obviamente, es nada más que una intermediaria. Por un lado subcontrata la instalación de los GPS a la firma Ubicar Argentina, y por otro, el suministro de servicios de comunicación y mantenimiento de los servidores a una empresa unipersonal que tampoco tiene antecedentes que acrediten idoneidad y solvencia para este emprendimiento.

El final del cuento fue que los concejales agredidos se presentaron ante la fiscalía con el propósito de dejar testimonio de lo ocurrido, ya que el referente del sindicato, Donato Cirone, si bien gritaba que iría a la casa de los concejales opositores cuando un nuevo taxista fuera asaltado, agregaba por lo bajo que iba a ir a partirlos en dos.

Ahora bien, si la solución son los equipos de GPS, que los pongan. Así como los han puesto los remises, donde cada propietario ha pagado religiosamente sus gastos. Y si no, que expliquen por qué la municipalidad debe pagar estos equipos, cuando no paga las alarmas de los negocios, ni las vigilancias de los particulares. ¿Por qué el Estado debe afrontar esta inversión para un sector privado, y no para otros?

Si hay que terminar con las simulaciones, ¿por qué no aclarar que el expediente en realidad no prosperó porque a Acción Marplatense se le retobó un edil, que no quiso negarse públicamente a quedar pegado en ésta? Porque es más fácil echarle la culpa a los que votan en contra, cuando el voto número 12 se les escapó de entre las manos y formaba parte de sus propias filas.

La desesperación de Artime, cascoteado y deprimido, se conformó cuando tuvo la salida de fogonear a los barrabravas del volante, a ver si así asustaba a alguno y lograba que se diera vuelta.

Finalmente, y sin simulación, si el expediente no tuvo suficientes votos positivos fue porque a alguien le sonó por lo menos raro pagarle a una empresa de taxis para que coloque equipos de GPS… en sus propios taxis. Más claro, el agua. Como la que fue a dar en la cabeza del concejal que quería hablar.