En medio del combo de leyes vetadas por el jefe de Gobierno Mauricio Macri, a principios de año, se encontraba la 4021, que reconocía la actividad musical de músicos mayores mediante subsidios y que fue aprobada por la Legislatura en 2011. Ante la negativa del Ejecutivo, se comenzaron a gestar dos instancias de reclamo: por un lado, movilizaciones frente al Ministerio de Cultura, convocadas por diversas organizaciones de izquierda. Por otro lado, una recolecta de firmas y la determinación para volver a insistir con la normativa a través de la vía legislativa.

En este grupo se encuentra Silvia Kreiman, ex directora de la comisión de Cultura del Parlamento, y viuda de Juan "Chango" Farías Gómez, uno de los impulsores del proyecto (que de manera formal ingreso a la Legislatura de la mano de Juan Manuel Olmos en 2007, y fue retomado en 2011 por Silvina Pedreira) que establece una remuneración mensual a músicos que, en edad avanzada o con dificultades salud, no tienen ningún ingreso que les garantice una vida digna. Se trata de músicos que trabajaron 40, 50 y 60 años, o más.

Respecto de la partida asignada para cumplir con la Ley, “no superará el 0,0147% del presupuesto”, y se determina en “veinte (20) la cantidad máxima de beneficiarios a incorporar por ejercicio fiscal”. “Estos montos, nos relevan de todo comentario ya que no comprometen ni inciden en el desarrollo de las acciones y programas de gobierno”, sostiene, a modo de argumento, el texto aprobado por la Legislatura porteña en 2011.

Kreiman, en diálogo con Noticias Urbanas, destacó que la determinación de Macri "es una clara discriminación; los escritores ya están recibiendo este tipo de estímulos". "La respuesta que nos dio Hernán Lombardi es que desfinancia el presupuesto, y eso es mentira. Estamos pensando en artistas con trayectorias de toda una vida, con una jubilación pequeña o nula. Está destinado a artistas que realmente lo merecen y que, cuando se van de este mundo en condiciones de pobreza, todos lo lamentamos, como le ocurrió a Atahualpa Yupanqui", agregó.

Según el proyecto, los beneficiaros deben ser elegidos por una comisión evaluadora y los montos serían de 3.400 pesos, lo que equivale a una categoría de empleo en la administración pública. “Es una norma humanista y tiene todos los requisitos para que sea limpia. Es una lástima que se los llame cuando es necesario convocar mucha gente y no se los tenga en cuenta cuando pasan a la última etapa de su vida”, reconoció Kreiman, quien añadió la existencia de este tipo de normas, que protege a los artistas, en diversas provincias del país.

Con relación a las vías de reclamo, parece descartada una opción judicial. “Hay caminos legislativos para una insistencia, para explicitar un poco mejor, la amplitud y la incidencia que tiene en nuestro arte y artistas aprobar una iniciativa como esta”, finalizó.