Más de cuatrocientas adhesiones acompañaron a Lila y Marta Filler –hermanas de Silvia, la joven asesinada de un disparo durante una asamblea estudiantil en 1971- en la conferencia de prensa que brindaron ayer en vísperas de la presentación que harán en jueves en el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Mar del Plata para solicitar el respaldo al pedido de expulsión de Horacio Raya –estudiante y trabajador no docente universitario-.

La primera en hacer uso de la palabra fue Marta, quien resumió una cronología de los últimos meses desde que tomó conocimiento de la presencia de Raya dentro del mismo edificio donde trabaja desde hace más de 30 años.

“Hace tres meses una amiga, docente de la Facultad de Ingeniería, donde trabajo como profesora desde hace más de 30 años, me dijo que en mesa de entrada de la Facultad se desempeña como empleado no docente, Horacio Raya”, relató Marta al revivir el momento en que recibió la extraña novedad. “No puedo describir la paralización, sorpresa y consternación que sentí en ese momento”, recordó.

El desconcierto puede llevar a muchos lugares. A Marta la llevó al cuestionamiento, a la necesidad de preguntarse si realmente podía ser cierto que uno de los implicados en el crimen de su hermana estuviera trabajando a metros de ella.

“Preferí hacer algunas averiguaciones de forma discreta para no manchar el nombre de nadie, ni entrar en calumnias sin fundamento… cuando logré certificar que era la misma persona que estuvo involucrada en los hechos del 6 de diciembre de 1971, pedimos una audiencia con el señor rector, no sin antes comunicarle las autoridades de la Facultad de Ingeniería lo que estaba pasando”.

La sorpresa fue mayor al entrevistarse con Francisco Morea, rector de la Universidad. “Le pedimos la audiencia porque del Rectorado depende el nombramiento del personal no docente”, explicó Marta, a la vez que no salía de su asombre al relatar que tanto las autoridades de la Facultad, como el mismo rector estaban al tanto de la situación.

El encuentro fue poco fructuoso. El rector pidió unos días para “analizar legalmente el tema” y prometió que se comunicaría con las hermanas Filler. Así lo hizo, pero no con la noticia esperada. Según la cara visible de la autoridad universitaria “legalmente no se podía hacer nada”.

Marta recibió la noticia y quedó más indignada que antes. “Cómo puedo caminar por la facultad y cruzarme con esa persona”, “Cómo puedo mirar a los docentes, no docentes y alumnos con los que convivo cotidianamente y a los que, de alguna manera, –más allá de los valores técnicos que le transmitimos para sus carreras- tratamos de transmitirles valores éticos, democráticos, de participación…”. Las preguntas se sucedían hasta que decidió denunciar lo que sucedía. “Sentí la necesidad de manifestarme y mande un mail a la comunidad de la Facultad de Ingeniería expresando los sentimientos que me agolpaban y los hechos tal cual sucedieron”.

Así nació lo que hoy ya es una realidad ineludible, no sólo en dentro de las cuatro paredes que encierran al mundo universitario, sino en toda la comunidad marplatense. “La muerte de Silvia, lo que ocurrió aquel día de diciembre, trasciende el ámbito universitario, pertenece a Mar del Plata”, concluyó Marta.

El rol de la Asociación del Personal de la Universidad -sindicato que nuclea a los trabajadores no docentes- (APU) fue central en todo esto. Lejos de abroquelarse en una actitud “corporativista”, decidieron tomar la denuncia y convocar a la comunidad universitaria para analizar los pasos a seguir.

“Silvia Filler fue mucho más que nuestra hermana, es el símbolo de todo lo que nos pasó después”. Lila Filler sintetizó en pocas palabras la importancia del caso Filler en la historia argentina. Para muchos, un crimen más producto de los enfrentamientos estudiantiles. Para otros, la bisagra en la historia de las organizaciones sociales y políticas de los años ´70. Ineludiblemente, el prólogo de una violencia inusitada ejercida desde los grupos armados de derecha sobre los sectores socio-políticos que se animaban a pensar en otras sintonías.

“Desde acá queremos decirle al señor rector que no dude en adherir y ratificar la Resolución de Rectorado que en 1972 expulsó a Horacio Raya y a tantos otros por su vinculación directa en términos de su participación en la convocatoria a los grupos armados de derecha –CNU- que irrumpieron a mansalva esa asamblea estudiantil”, expresó Lila y agregó: “Que no dude en ratificarla, porque hay toda una comunidad que tiene absolutamente claro quién tiene que estar y quién no en los espacios públicos de la universidad pública, la cual sostenemos todos y que, por lo tanto, el Estado no puede ser cómplice de guardar y esconder a personas sin calidad moral ni ética”.

Mañana a las 9 habrá una movilización a la puerta de Rectorado para acompañar el reclamo mientras sesiona el Consejo Superior.

En este sentido, Federico Polleri, en representación de APU señaló la importancia de la instancia del Consejo Superior en relación a la posibilidad de que el organismo de cogobierno se expida a favor del pedido de la familia Filler.

“Es importante que se dé de esta manera, ya que hay un gran consenso dentro de la Universidad de que se resuelva por la expulsión y así quebrar la impunidad en todos los espacios de la sociedad en que se den este tipo de situaciones”, explicó el representante no docente. “El caso Filler es muy emblemático y lograr quebrar la impunidad en lo que a él refiere nos va a permitir ir por más”, concluyó.

Por último, Eleonora Alais, representante de la agrupación Hijos y miembro de la Multisectorial que impulsó la convocatoria, rescató el gran nivel de adhesiones –más de 400 entre organizaciones social, políticas y personas particulares- que se lograron juntar en menos de una semana para acompañar el pedido de la familia Filler ante el Consejo Superior. También rescató el rol de las hermanas de Silvia en movilizar el reclamo y no quedarse calladas.