No pasa desapercibido que hasta ahora no hayan surgido declaraciones u opiniones desde el arco político, básicamente del partido al que pertenece el jefe comunal, PJ; mucho menos de dirigentes que forman parte de la Línea Plural, sector en el que milita la principal autoridad de la ciudad y tampoco se han expresado las otras fuerzas políticas.

Tanto el año pasado cuando fue tomado el municipio, bajo el gobierno de Jorge Tebes; como en este cuando el mismo renunció, las redacciones de los medios gráficos y en particular de LA REFORMA, se vieron “inundadas” de comunicados de prensa, además de llamados telefónicos para manifestarse sobre esas circunstancias.

La primera impresión es que Rainone ha quedado solo, en términos políticos, ante el planteo social que es de conocimiento púbico, con la lógica compañía de algunos de los integrantes de su gabinete -como en el caso el secretario de Desarrollo Social, Daniel López, y su par de Gobierno, Daniel Pérez-. En su momento intercedieron la totalidad de los bloques que integran el Concejo Deliberante, pero más allá de la buena voluntad, no lograron tampoco destrabar el conflicto.

Silencio total en el Gobierno Provincial, nadie sale a confirmar ni desmentir desde el Poder Ejecutivo las expresiones del MTD, que sostienen que el funcionario Marcelo Díaz le confió que había enviado una importante suma de dinero destinada a las organizaciones sociales de General Pico. El ministro de Bienestar Social, Gustavo Fernández Mendía, que durante la gestión del intendente Jorge Tebes, era un asiduo visitante de General Pico, en los últimos meses y mucho menos ahora, no ha emitido opinión sobre este conflicto de larga data. La impresión generalizada de la opinión pública es que Rainone a esta altura no ha recogido el respaldo político que es de esperar en situaciones como las descriptas en los últimos días.

Durante la media tarde de ayer, el intendente Rainone junto a su esposa, acompañado la abogada Valeria Malvicino, se presentó en la Comisaría Primera para ampliar la denuncia que ya había radicado el jueves sobre violación de domicilio, responsabilizando a los integrantes de las organizaciones sociales que acampan en la 113 entre 12 y 14.