(General Pico) - Susana Mattio y su esposo, Guillermo Vargas, se presentaron ayer en tribunales, tras la citación emanada por el Juzgado de Instrucción 5, en el cual se investiga una supuesta defraudación en el manejo de la millonaria herencia del ex - intendente de Realicó, Armando Mattio. Los testimonios de ambos eran esperados en la Justicia para escuchar la versión de cómo se administró la fortuna que poseía Mattio durante los últimos años de su vida y luego de su muerte. Pero tanto la mujer como su esposo se refugiaron en el silencio y se retiraron acompañados de sus abogados defensores, luego de permanecer un breve tiempo ante las autoridades judiciales.
En la investigación se trata de establecer si hubo por parte de Susana Mattio y su marido una simulación de contratos para beneficio propio a través del patrimonio y bienes que tenía el ex - intendente. No es menor la cifra que está en juego: ronda los 15 millones de pesos, al evaluar propiedades, campos, vehículos y maquinaria agrícola.
La Justicia busca clarificar también en qué estado de salud se encontraba en sus últimos años Armando Mattio, pues algunos testimonios indicarían que estaba imposibilitado de tomar decisiones por las enfermedades que lo afectaban.
Una de las operaciones financieras que están bajo la mira, y que se supone fue simulada, es la venta de 627 hectáreas de campo ubicadas en la localidad de Falucho, que figuraban a nombre de Armando Mattio. La operación se pautó en julio del 2004 por un monto de 600 mil pesos, y la forma de pago se estableció en cuatro cuotas a favor de Guillermo Vargas. Para los denunciantes el valor real de esas tierras es de unos 7 millones de pesos. Asimismo surgen dudas sobre la solvencia de Vargas para poder adquirir el campo, ya que su empleo conocido era como gomero en una estación de servicio de Realicó.
Pleito y millones.
Armando Mattio falleció el 21 de febrero de 2008 cuando tenía 84 años. En el último tramo de su vida luchó contra una enfermedad terminal que lo hundió en un pozo depresivo. Fue internado en el geriátrico "San Osvaldo" de General Pico. Una de las afecciones había influido en su visión, la que perdió en casi su totalidad. En 1994, había elaborado su testamento en favor de sus dos hijas, Patricia y Susana. Tras la muerte se inició el pleito judicial. La denunciante se presentó en la fiscalía de turno y mediante un escrito solicitó la apertura de la sucesión. Entiende que fueron cercenados sus derechos cuando estaba en estado de indefensión legal.
Según lo que se pudo establecer la última vez que las hermanas se vieron la cara fue hacia fines de 2007. En ese mes se encontraron en una clínica piquense, lugar donde había sido internado el padre de ambas. Hasta allí llegó una escribana para certificar la entrega de algo más de 60 mil dólares a favor de Patricia en concepto de compensación de herencia en un acta de "cesión de derechos y acciones y donación de dinero". Para la denunciante, esa suma correspondía a la parte de la herencia de su tío, Raúl Mattio, y nada tenía que ver con el patrimonio de su padre. Meses después fallecía Armando Mattio y se abría el pleito. De manera paralela a la investigación de la justicia penal, una causa civil acumula varias fojas entre testimonios y pericias contables.
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