La titular de la Secretaría de Tierras , Josefina Bidondo coordinó el encuentro que ayer se concretó en la asociación vecinal del barrio 30 de Octubre, y explicó que se trató de uno de los tantos que la cartera desarrolla a los fines de llevar adelante un proyecto de ordenamiento, consolidación y regularización urbana, o relocalización, en los casos de familias de riesgo.

La reunión de ayer abarcó concretamente a más de 60 familias, con algunas de las cuales se trabajó puntualmente en la situación social, legal y urbanística. A partir de ese eje concreto se profundizó sobre las posibilidades de consolidación o la necesidad de efectuar mensuras para la regularización, mientras que en el caso de las familias en situación de riesgo, se evaluó cuáles serían las alternativas para la relocalización.

Bidondo agregó que en el caso puntual del sector del 30 de Octubre, comprende a más de 6 grupos con los que se trabaja desde hace más de tres meses, de manera conjunta con el asentamiento del barrio Abel Amaya, que implica a su vez a otros siete sectores.

REGULARIZACION Y REUBICACIONES

En cuanto al procedimiento a seguir, la funcionaria indicó que una vez efectuada la evaluación de los ejes mencionados, se continúa con el trabajo conjunto. Es así que en el caso de los vecinos que se consolidarán en el lugar que ocupan, se los orienta respecto a los pasos a seguir, se efectúa el relevamiento y la posibilidad de la mensura. De ese modo, se apunta a lograr la regularización tanto desde el punto de vista urbano como del dominial.

Por otra parte, en relación a las reubicaciones, Bidondo recordó el proyecto social que el municipio lleva adelante en la zona de fracción 14, detrás del Cordón Forestal, destinado a contener la gran demanda por tierra habitacional, y en cierta medida, resolver las situaciones de riesgo que surgieron no solamente a raíz del alud sino en aquellos asentamientos que tienen larga data.

“Este asentamiento es de larga data porque se empieza a generar sobre mediados de 2007”, reconoció. Y recordó que desde noviembre de ese año la cartera inició un intenso trabajo con un equipo de campo, compuesto por un técnico social, un técnico geógrafo, un promotor social y un promotor urbano, para trabajar sobre una población de 590 familias que Bidondo reconoció como “muy consolidadas”.

“El 85% de las familias viven en el lugar y también se registran situaciones complejas desde lo social como hechos de violencia e inseguridad”, explicó la funcionaria al fundar la importancia de trabajar con los grupos para producir el ordenamiento y la regularizacion urbana, que implica entre otras cosas, la accesibilidad de las calles.

Explicó entonces que para ello debe trabajarse en un proyecto urbanístico que permita luego generar las posibilidades de otras obras. “Todo eso lo tenemos que hacer con ellos, se requiere la participación plena de ambas partes para alcanzar el objetivo del ordenamiento”, subrayó.