- Si los diputados consideraron que los municipios tienen déficits, los aportes debían ser de libre disponibilidad porque si iban para un destino específico (obra pública) no les solucionaba el problema de los sueldos o de pagos a proveedores. Si la ley realmente tiene como objetivo que los intendentes no vengan de rodillas a pedir plata, entonces estuvo mal concebida. Porque si el dinero era para construir obras, quería decir que no tenían inconvenientes para afrontar los gastos de funcionamiento. Con la libre disponibilidad, lo que el Ejecutivo puede hacer son algunos manejos presupuestarios para ir solucionando el problema financiero que genera la ley. El diputado (César) Ballari había propuesto una adecuación progresiva a tres años que permitiera ir absorbiendo esta detracción importante de fondos.

- Usted había dicho que la ley es inconstitucional porque se crearon gastos sin prever los recursos. ¿Cambia algo con que el 100 por ciento de los fondos pasen a ser de libre disponibilidad o fue un argumento político para negociar con los diputados?

- No. La ley ya estaba ratificada y no me quedaba otro camino que ir a la justicia. En realidad, la ley sigue siendo inconstitucional, pero la solución de la libre disponibilidad soluciona en parte el problema de los aportes que puedan recibir las comunas para cubrir sus déficits.