No debieran mezclarse pero se mezclan. En los hospitales de salud mental de la Provincia siguen conviviendo personas que quieren salir (voluntariamente) de las drogas, con aquellos que han cometido delitos. Y pese a que en cuatro años se avanzó mucho en la materia, todavía falta.

La ampliación de camas en el internado y la creación de hogares de día son cuentas pendientes, analizan especialistas.

Hoy el centro público referente en rehabilitación de adicciones en la Provincia está colapsado. Tal como demostró Día a Día en su edición de ayer, hay un 30 por ciento más de pacientes que los que entran en el internado. El día de la visita de este diario, había 74 personas para 52 camas. Y el 80 por ciento venía derivado de la Justicia. Muchos con causas penales y con custodia policial.

“Desde un enfoque clínico, hay que distinguir pacientes según su nivel de entendimiento. Las personas que comprenden lo que hacen y cometen un delito son delincuentes. Pero los que no comprenden, son inimputables. Para los delincuentes están las cárceles e interviene la Justicia. Para los demás, es materia de salud y los hospitales deben dar respuesta”, explica Guillermo Ferrero, psiquiatra de Casa del Joven y miembro de la Mesa de Trabajo Permanente en Salud Mental y Derechos Humanos.

Hoy las competencias de la Justicia y del Ministerio de Salud siguen en colisión cuando se habla de “pacientes psiquiátricos judicializados”, es decir, a todos aquellos que son internados por intermedio de la Justicia. Ya sean casos civiles (quienes no pueden consentir tratamientos en forma voluntaria) o penales (que han cometido delitos).

El problema no es nuevo. El Ministerio de Salud provincial creó, en abril del 2008, el Centro Pisco Asistencial (CPA). Un pabellón de 34 camas dentro del ex Crom, en barrio Güemes, para asistir a pacientes psiquiátricos en crisis severas. Y además creó un sistema prejudicial, en la que asesores letrados intervienen en cada caso y deciden, antes que un perito, si el paciente requiere o no una internación.

Hoy esas medidas no alcanzan, señalan expertos. Especialmente porque el CPA también colapsa.

Cada vez más. Para el coordinador del Servicio de Psiquiatría Forense del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Antonio Ávalos, hay un aumento de demanda en salud mental debido a varios factores: crecimiento demográfico, incremento de patologías y mayores denuncias a través de la Ley de Violencia Familiar.

Ávila asegura que el CPA no alcanza para contener a los pacientes psiquiátricos que además cometieron delitos: “Fue un espacio creado con el supuesto de que una persona tiene una crisis y en 15 días se mejora. Pero en realidad estamos hablando de un sector de la sociedad que necesita lugares cerrados, máximas medidas de seguridad y una estadía prolongada”.

“Como no encuentran esos sitios, comienzan a verse distorsiones: pacientes psiquiátricos en cárceles y personas con antecedentes penales en hospitales psiquiátricos”, agrega el especialista, quien además es miembro del Consejo Académico de Psiquiatría en la Universidad Nacional de Córdoba.

Por su parte, Ferrero opina que en el CPA hay una violación constante de los derechos humanos. “Conviven allí mayores y menores contra todos los estándares internacionales. No se sabe si es un lugar de asistencia o de detención. Tampoco queda claro si personal es enfermero o custodio”.

El especialista también apunta al Ipad: “Los hospitales no están preparados para que el paciente no se escape. Entonces usan cadenas que van en contra de cualquier protocolo de tortura y maltrato. Estas sólo deben usarse para el traslado”.

Para Ferrero, las medidas coercitivas van en contra de los resultados exitosos: “El primer paso en rehabilitación de adicciones es que la persona tome la decisión. Si uno lo mete en un dispositivo que no es voluntario sino obligatorio ya se está contradiciendo. Necesitamos más instituciones abiertas para que la persona vuelva cuando quiera”.

Posibles soluciones. Para el director de Salud Mental del Ministerio de Salud de Córdoba, Emilio Filipponi, en cuatro años se avanzó mucho en reducir las internaciones innecesarias: “En 2006, el 65 por ciento de los pacientes internados eran judicializados civiles. En estos años reducimos notablemente la cifra. Pero han aumentado los que tienen causas penales y denuncias de violencia familiar”.

El funcionario informó que con las nuevas políticas de “desmanicomialización”, descendió la cantidad de internaciones en hospitales de salud mental. “En cuatro años hemos reducido un total de 600 pacientes en internados. En Santa María estos bajaron un 85 por ciento. En Oliva, tenemos 330 pacientes menos. Todos están ahora insertos en la comunidad”.

Para Ferrero, una verdadera política de “desmanicomialización” tiene que hacer hincapié en atención primaria y en instituciones de rehabilitación abiertas y voluntarias, como los hogares de día. También destacó la importancia de la familia y el paciente en el monitoreo de las políticas públicas. Y calificó como positiva la implementación del Servicio Prejudicial.

Ávila en cambio sostiene que la Provincia necesita más instituciones que contengan pacientes psiquiátricos en conflicto con la ley. Las estadías tienen que ser más largas y los tratamientos más intensivos. “Hay una visión utópica que intenta disminuir las internaciones. Pero no explica qué hacer con todos aquellos que las necesitan. La realidad indica que la demanda aumenta. Y cada vez han menos espacio para contenerla”, concluye.

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Lo publicado

04/12/2011. El Ipad está colapsado. Actualmente hay 74 pacientes para 52 camas. La Provincia anticipa que inaugurará nuevos espacios para judicializados penales.

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Qué es cada cosa

Paciente psiquiátrico. Todo aquel que necesita un tratamiento vinculado a la salud mental. En caso de adicciones a alcohol o drogas, la salida es un tratamiento de rehabilitación.

Paciente judicializado. Hay dos tipos. El civil, es una persona que no puede consentir su tratamiento de manera voluntaria. El penal, es el que ha cometido un delito y no comprenden lo que hizo (es inimputable).

Internaciones. En personas que no pueden consentir su tratamiento (civiles) es la restricción más severa de su libertad. El artículo 482 del Código Civil evita internaciones involuntarias a excepción de que esté en una situación de riesgo para sí o para terceros.

Centro Psico Asistencial. Funciona en el ex Crom. Tiene 34 camas. Sirve para asistir a pacientes en crisis que tienen causas penales.

Sistema prejudicial. Es un equipo de asesores letrados del Ministerio de Salud que actúa ante la crisis de un paciente psiquiátrico. Determina si necesita o no internación y cuánto tiempo requiere. Antes, estos trámites los hacían peritos del TSJ.