Esas notas no son recientes, es decir que no fueron consecuencia del aberrante crimen descubierto hace casi un mes, sino que datan de hace un año y medio. En mayo de 2011, Bongianino, a partir de una nota que le elevaron los fiscales, le advirtió a sus superiores la escasa cantidad de empleados atento a los grandes cambios implementados con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal. Incluso en junio del año pasado, los propios fiscales repitieron lo mismo en una reunión que mantuvieron con ministros del STJ. Hasta ahora, aseguraron fuentes del MPF, no recibieron respuestas concretas.

Lo que se modificó esencialmente con el C.P.P. fue que las investigaciones penales pasaron a depender de los fiscales y no de los jueces. "Sin embargo, antes había siete juzgados que tenían diez empleados cada uno y ahora hay seis fiscalías y no más de 25 empleados para hacer todo", explicaron las fuentes judiciales.

¿Qué significa ese "hacer todo"? Antes, los jueces de instrucción, contando con más personal, investigaban los hechos e instruían las causas y el fiscal acusaba, pero otro fiscal iba a juicio. Ahora, con menos personal, los fiscales investigan, instruyen y van a juicio. Son los "dueños" de las causas y están a cargo desde el principio hasta el final.

Desde el Ministerio Fiscal entregaron números detallados para sostener que, a un año y ocho meses de ponerse en marcha el nuevo Código, la cantidad de causas los está desbordando.

Las fuentes lo explicaron así: "En las fiscalías (penales) hay una Unidad de Atención Primaria que se encarga de darle ingreso a todas las denuncias. Allí trabajan siete personas, entre ellas tres pasantes, y un fiscal adjunto".

"Después hay una Unidad de Depuración y Derivación que resuelve qué denuncias avanzan y cuáles no. Allí hay mucho trabajo porque se aplica el criterio de oportunidad -no se promueven las acciones calificados como "insignificantes" siempre y cuando se cuente con el consentimiento de la víctima-, se aplican la suspensión del juicio a prueba (probation) y se acuerdan los juicios abreviados. Ello implica constatar posteriormente que cada probation (por ejemplo, la concurrencia a una ONG a realizar tareas comunitarias) se cumpla y mantener varias audiencias para convenir las penas en los abreviados. Para esa área hay un fiscal adjunto y tres empleados", agregaron los voceros. En esas decisiones interviene fuertemente el fiscal general.

"Recién ahí aparece la Unidad de Tramitación Común, que es la que investiga las denuncias que suelen derivar en juicios orales y públicos. Para investigar, asistir a las audiencias, preparar las acusaciones y llegar a juicio, los seis fiscales cuentan con once empleados, cuatro pasantes y dos fiscales adjuntos. La cuenta es simple: en total hay 25 empleados, entre ellos siete pasantes".

Cerrar tribunales.

¿Cuál es la propuesta que Bongianino le hizo llegar al STJ? Sabiendo que el Superior Tribunal no puede crear vacantes, sino que eso depende del Poder Ejecutivo o eventualmente del Poder Legislativo, pretenden que disuelva uno o dos de los tres juzgados de transición y que reubique al personal en las fiscalías.

Esos son los ex juzgados de instrucción y en lo correccional que concentraron todas las causas viejas que había en los siete juzgados -las ingresadas hasta el último día de febrero de 2011-. Los jueces de transición tienen plazo para instruirlas hasta el último día de febrero de 2014.

En el MPF piensan que hay muchos expedientes que de una u otra manera quedarán sin resolución y prescribirán. Por eso pretenden empezar a absorber gente desde ahora, sabiendo que en cada uno hay seis o siete empleados.