Se trata de un instrumento jurídico que tiene como objetivo estimular la inversión privada para la elaboración y desarrollo de proyectos de interés público para la Municipalidad, con ciertos mecanismos de incentivos y privilegios en beneficio de los particulares inversores.

“A partir de alguna propuesta pública municipal para hacer alguna obra específica, las empresas pueden presentar diferentes propuestas de financiamiento y de realización”, explicó el procedimiento, Rodrigo García Otero. “A partir de ahí se crean comisiones técnicas de seguimiento de proyectos y asesoras que facultan y permiten generar la adhesión de esa inversión privada a la inversión pública”, agregó.

Las iniciativas privadas son evaluadas desde una perspectiva social a fin de determinar el interés público comprometido, verificando su factibilidad técnica, económica y financiera, y estableciendo la fortaleza del proyecto de la inversión que garantice su sustentabilidad.

Dado que no es el Estado el que financia la obra -aunque puede hacerlo en forma mixta también-, cualquier empresa con capacidad para solventar el proyecto podría ejecutarla y las más cercanas a la gestión municipal de turno podría verse beneficiada en la selección.

Esto ya generó ciertas controversias en torno a los proyectos inmobiliarios que prevé el Master Plan Costanera. Dos años atrás se le cuestionaba al intendente Osvaldo Cáffaro que difundiera en distintos eventos el proyecto acompañado del gerente de “Syrah Global” una constructora de edificios de lujo, cuyo gerente es Fernando Adrian Romero, el mismo que gerencia empresas adjudicatarias de varias obras municipales financiadas por el Gobierno nacional, como el Centro Cultural y la Nueva Terminal de Omnibus.

Al respecto, el concejal García Otero, presidente del bloque oficialista Nuevo Zárate, dijo que “las controversias sobre empresas que estén más o menos cercanas al Municipio en realidad pueden despejarse a través de los con controles del Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas, además el Régimen de Iniciativa Privada es un mecanismo que viene utilizando el Gobierno nacional y el provincial también, no es una innovación de este Municipio”.

Tal como lo mencionó el edil, obras de gran envergadura como las viales o eléctricas fueron desarrolladas por el Gobierno nacional a través de este sistema pero evidenciaron las relaciones cercanas de grupos empresarios con el poder político en la adjudicación de obras que, en algunos casos, como la del tendido eléctrico de alta tensión entre las provincias de Río Negro y Santa Cruz, fueron salpicadas como hechos de corrupción. En ese caso, un informe de la Auditoría General de la Nación denunciaba sobreprecios por parte de la empresa ejecutora en un 48% superior por kilómetro del tendido en relación a otra obra similar.

“Las especulaciones sobre quienes participan o no siempre se van despejar en las evaluaciones técnicas sobre quienes tienen el respaldo financiero como para financiar las obras y se presenten a los concursos”, dijo García Otero ya que explicó que se trata de “una herramienta administrativa más para seguir gestiones de desarrollo de diferentes obras en la ciudad” y que “se manejan bajo el mismo régimen que una licitación pública pero con diferente mecanismo y proceso administrativo porque no es el Municipio el que financia”.

En cuanto a cuales son los límites en los beneficios de los sectores privados que invierten, el legislador municipal dijo “que no pueden recobrar más de los que invierten y que tienen que respetar todos los valores y parámetros de lo que sería una licitación de obra pública habitual que hace el municipio, además también se presentan a concurso, la diferencia está en que ya no es público sino privado el financiamiento.