Aunque el Gobierno provincial ya puso dos veces plazo para terminar con la novela, la licitación del dique Los Blancos sigue demorada y no hay definiciones a la vista.

Según el vicegobernador Carlos Ciurca, ahora las demoras se deben exclusivamente a problemas en el aspecto del financiamiento. El número dos recalcó, además, que tanto el Gobierno como la oposición pretenden que la obra se haga, más allá de los conflictos de las empresas intervinientes en el proceso y el temor a que alguna de ellas lo judicialice.

Los Blancos es una represa de mayores proporciones a Potrerillos que se licitó en 2010 y que Paco Pérez prometió en la última campaña electoral. Para la Nación también es clave, dado que producirá mucha energía. Los planos la ubican en el Valle de Uco, sobre el lecho del río Tunuyán, y se estima que el costo rondará los 5.000 millones de pesos, dinero que no pondrá el Gobierno provincial: 65 por ciento invertirá el Estado Nacional y el otro 35 por ciento deberá correr por cuenta del ganador de la licitación.

La Provincia, en cambio, sí tiene la tarea de realizar la preadjudicación del proyecto para que la Casa Rosada cierre el proceso. En este sentido, se sabe que hay tres oferentes y extraoficialmente se cree que el Ejecutivo (más allá de declamar que no hay favoritismo por nadie) ya ha tomado partido por una de las empresas en disputa: Cartellone.

El gran problema es que la firma mendocina pidió cerca de 700 millones de pesos más que una de sus competidoras, IECSA, y en el Poder Ejecutivo hay temor de que el proceso se judicialice si inclina definitivamente la balanza hacia la primera.

Promesas. La última promesa del ministro de Infraestructura, Rolando Baldasso, fue que la preadjudicación se realizaría en los próximos días. Sin embargo, otras fuentes del Poder Ejecutivo indicaron este fin de semana que el trámite sigue verde y que, por lo tanto, la resolución no es inminente.

"Todas las empresas han superado la etapa técnica de la licitación, pero se está discutiendo la parte del financiamiento", señaló sobre Los Blancos el vicegobernador Ciurca, quien la semana pasada actuó de anfitrión en una reunión entre funcionarios y legisladores que aportó algunos datos importantes sobre el proceso.

El ingeniero Martín del Poppolo, miembro del comité de preadjudicación de Los Blancos, reconoció en ese encuentro privado con senadores de todos los partidos que el Gobierno sigue buscando una solución para el problema financiero de la obra.

El ministro Baldasso no quiere volver a hablar de Los Blancos hasta que se preadjudique la obra, pero los legisladores que participaron en la reunión con Del Poppolo señalaron que el funcionario reconoció que el Gobierno todavía está evaluando si se puede pedir un mejoramiento de oferta a alguno de los oferentes o no. Esta era la variante que se analizaba para bajar los costos de Cartellone y poder darle la obra.

Del Poppolo también habría admitido en la reunión con los senadores que el mejoramiento de oferta puede estar reñido con la propia ley de Obra Pública, ya que la norma establece que las ofertas deben ser "comparables" para que se tome esa medida, pero en el caso de Los Blancos, hay un abismo de diferencia entre las ofertas económicas de Cartellone y IECSA.

En trámite . Por otro lado, las fuentes legislativas consultadas por El Sol indicaron que el asesor Del Poppolo reconoció en la ronda con los legisladores el cumplimiento de un requisito con el que hasta ahora estaba en deuda el Ejecutivo: el pedido de precisiones sobre el financiamiento para la obra de IECSA y Pescarmona, competidores de Cartellone en la licitación.

Esto se habría producido después de que algunos legisladores advirtieron que Hacienda sólo había revisado la propuesta financiera de Cartellone.

Durante la semana también trascendió que el Gobierno desconfía de la capacidad financiera de IECSA, la empresa que pide menos plata por Los Blancos, mientras que los fondos estarían asegurados por el lado de Cartellone.

Pero el problema radica en que la propuesta económica de Cartellone es mucho más cara e IECSA ya advirtió que podría acudir a la Justicia si descubre que ha sido marginada irregularmente del proceso.