La decisión fue con el voto mayoritario de los jueces Eduardo Farah y Eduardo Freiler; por lo que la denuncia de Cristian Ritondo y Daniel Presti continuará su curso; investigando el delito de “malversación de caudales públicos”, por considerar que el dinero del Estado se utilizó como propaganda política por parte del Gobierno de la Nación.

El spot que desencadenó la denuncia se transmitió el 11 de agosto, y en él se cuestionaba al Gobierno de la Ciudad, en medio de las discusiones por el traspaso del Subte.

La denuncia fue desestimada en primera instancia por el fiscal Bonadío, pero los legisladores machistas -aceptados como querellantes- apelaron ante la Cámara aduciendo la falta de argumentos del magistrado en su resolución.