“No significa más plata, sino necesitar menos financiamiento”

El Programa Federal de Desendeudamiento Provincial, lanzado en mayo de 2010, reestructuró la deuda de 16 provincias por 64.864 millones de pesos, a 20 años de plazo y tasa fija del 6% anual. Se eliminó además el ajuste por el CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) y se estableció un período de gracia para el pago de capital e intereses hasta diciembre de 2011.
La deuda de las provincias se redujo además en 9.644 millones de pesos por aplicación del Fondo de ATN (Adelantos del Tesoro Nacional). De este modo, las provincias ahorraron más de 15.000 millones de pesos en el último bienio: 4.326 millones en 2010 y 10.976 millones este año.

En los últimos días del mes pasado la presidente Cristina Fernández de Kirchner anunció su decisión de prorrogar a 2014 este programa de desendeudamiento, lo que permitirá ahorrar servicios de deuda por más de 13.600 millones de pesos durante los dos próximos años.

Sobre este particular, el ministro de Hacienda de la Provincia, Ricardo Pierazzoli, había dicho que la extensión por dos años del período de gracia de las deudas provinciales reestructuradas en 2010 “trajo alivio a las finanzas provinciales en general” habida cuenta que representa “un alivio fiscal” para el conjunto de provincias de 7.400 millones de pesos para el 2012 y 7.125 millones de pesos para el 2013.

La primera cuota que deberán pagar las provincias a la Nación de acuerdo al nuevo Programa Federal de Desendeudamiento vence el 31 de enero de 2014, tal como lo establece la resolución 33 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, publicada en el Boletín Oficial.

Según los considerandos de dicho instrumento, se considera “necesario que las jurisdicciones provinciales puedan mantener la aplicación de políticas públicas que coadyuven a sostener los niveles de empleo, preservar las actividades productivas y financiar la asistencia requerida por los sectores sociales desprotegidos”.

En 2012 el ahorro en el pago de servicios de deuda será de 6.917 millones de pesos, mientras que en 2013 ascenderá a 6.704 millones de pesos, se informó oficialmente.

La medida, añade la resolución, “reduce el impacto de los servicios de la deuda con el gobierno nacional y alivia la situación financiera de corto y mediano plazo”.

La cartera económica nacional recordó que el Ejecutivo “desarrolló una política activa de desendeudamiento y de reprogramación de deudas de la cual ha hecho partícipe a los gobiernos provinciales, a efectos de mejorar su situación fiscal y financiera, contribuyendo al pleno funcionamiento de las autonomías provinciales”. En ese sentido, el ministro de Hacienda de la Provincia, Ricardo Pierazzoli, advirtió que “esta medida no significa que la Provincia va a disponer de más plata, sino que va a necesitar menos financiamiento” y subrayó que “si bien el presupuesto provincial refleja una necesidad de financiamiento cercana a los 780 millones de pesos, con esta medida dispuesta por nuestra Presidente, Jujuy necesitará menos” pero aclaró que “de ninguna manera significa que vamos a tener más plata, sino que vamos a tener que seguir gestionando fondos para cubrir el financiamiento, pero en menor cuantía. El ahorro que significaría no recurrir a un endeudamiento para pagar las amortizaciones e intereses en el 2012, alcanzaría a priori la suma de 350 millones de pesos”, refirió.

IRRESPONSABILIDAD EN

ADMINISTRACIONES

MUNICIPALES

El Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas fue creado con el objeto de “reducir la deuda de las Provincias con el Gobierno Nacional por aplicación de los fondos disponibles del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional y reprogramar la deuda provincial resultante”, según se lee en el artículo 1º del decreto nacional Nº 660 del 10 de mayo de 2010.

La fecha de corte para el cálculo de estas deudas fue el 31 de mayo de 2010. La deuda elegible de las provincias que adhirieron al Programa ascendió a un total de $65.605 millones, equivalentes al 88,6% del total del stock de deuda de las provincias con el Estado Nacional. Esta deuda fue reducida mediante la aplicación de los recursos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional existente al 31 de diciembre de 2009, la que alcanzaría a $9.644 millones, permitiendo la cancelación del 14,7% del stock de deuda elegible.

El ministro Pierazzoli señaló que la resolución 33/011 que implementa esta decisión, exige como contrapartida que las provincias firmantes provean información a la AFIP sobre la nómina y la masa salarial del personal provincial y municipal, tanto en relación de dependencia como contratado, activo y pasivo. A partir del 29 de febrero de 2012 los beneficios de la ampliación del período de gracia quedarán supeditados al cumplimiento por parte de las Provincias de la remisión de dicha información.

Preguntado sobre qué fundamentos tiene esa contrapartida, el Ministro dijo que “existe en el ámbito nacional una preocupación respecto al aumento en la nómina de personal de los estados provinciales y municipales en general y que a pesar de los esfuerzos realizados por la ley de Responsabilidad Fiscal, no se pudo lograr que se cumpla con las normas allí previstas, como por ejemplo, en Jujuy: a pesar de que la norma dispone que en los años electorales se prohíbe a los municipios ingresar personal, lo siguen haciendo, y esa irresponsabilidad genera la imposibilidad de afrontar el pago de sueldos, ocasionando luego que equivocadamente o no, algunos gremios culpen a la Provincia de esos descalabros y no a los intendentes o funcionarios que los produjeron”.

Respecto al reclamo de la sanción de una ley de coparticipación municipal que insistentemente pronuncia la oposición, Pierazzoli sostuvo que “es falso que no exista un régimen de coparticipación en Jujuy, ese régimen existe y está aprobado por ley sancionada por la Legislatura, por lo que todos los meses la Provincia transfiere los fondos en base a esa norma legal y no existe posibilidad de asignar fondos discrecionalmente, sino respetando los allí normados.

“Ahora bien -continuó-, si a algunos no les gustan los criterios que establece el actual régimen para el reparto de fondos en la provincia, o que el mismo favorezca a algunos municipios más que a otros, no quiere decir que no exista un régimen de coparticipación.

Quizás pretendan definir otro régimen, con otros criterios de reparto, que los beneficie más de acuerdo a los criterios que se elija, pero ello no significa que no exista un régimen vigente” y tras tan tajante sentencia agregó de manera enfática: “Además, no va a haber régimen de coparticipación que valga o que alcance si no se administra con seriedad, austeramente y no se deja de especular con decisiones políticas que perjudican a todos, como el de hacer ingresar gente para perjudicar al intendente entrante”, apuntó con claridad.

En otro tramo de la entrevista, Pierazzoli respondió a la pregunta de qué cursos de acción se prevé seguir para cubrir la brecha que queda para conseguir el financiamiento restante para el 2012:

“Hay que destacar, como ya lo dijo el gobernador Fellner, que adicionalmente a esta medida, la Ley de Presupuesto Nacional para el ejercicio 2012 contempla una partida de 14.954 millones de pesos para distribuir a las Provincias en el marco del Programa de Sustentabilidad de las Finanzas Públicas Provinciales.

Esa suma permitiría cubrir cerca del enta y cinco por ciento de las necesidades financieras proyectadas para el 2012 para el conjunto de jurisdicciones subnacionales, por lo que habrá que seguir trabajando con prudencia, austeridad y seriedad con la mira puesta no sólo en la previsibilidad de las fianzas públicas, sino en la sustentabilidad”, completó.

JOSÉ DE CASTRO, REFERENTE MINERO

“Que las expresiones de deseo

se conviertan en realidad”

En base al ingreso del año 2012, periodo marcado por la ausencia de elecciones y la continuidad de un proyecto político-industrial, que se anunció recientemente en el país y en la provincia, el ingeniero químico José de Castro, referente del sector minero a nivel provincial, nacional e internacional, expresó el “anhelo y la esperanza de un trabajo en conjunto entre el Estado y el sector privado a la brevedad”.

“Que los discursos de ambos sectores se conviertan en acciones concretas sobre la base de una mesa de diálogo que marquen objetivos a cumplir, según el programa de actividades consensuadas y articuladas referidas a la producción. Que las declaraciones se cumplan en forma práctica, si los proyectos avanzaron bajo el marco legal que regulan las normas, por ejemplo la Ley de Inversiones Mineras” dijo De Castro.

El referente puntualizó que los inversores, las empresas y el recurso humano comprometido, “también necesitan de un sinceramiento en materia de decisiones, más, si los efectos laterales de otros sectores, llevaron a modificar el rumbo de uno o más proyectos. Si bien estas decisiones pueden no ser erradas en el concepto, tampoco se avanza en las acciones”, observó.

Existiendo un plan estratégico nacional y siendo Jujuy “capital de la minería”, más allá de las declaraciones “se debe romper la brecha de implementación entre los principios y la práctica, fijar metas, tiempos y porcentaje en crecimiento y desarrollo a dos, cuatro, ocho o más años. Sobre todo, para uno de los pilares económicos que demostró ser la minería, para el país y la provincia”, sostuvo.

Sobre la incidencia de la producción en cualquier área provincial, De Castro afirmó que “el sector privado, el Gobierno y la gente involucrada en un proyecto de inversión deben participar de las discusiones, para mejorar o solucionar dudas de un buen proyecto”, a la vez que afirmó que la producción “es la solución a los problemas laborales y sociales de la actualidad porque el Estado, sobrecargado, no ofrece una perspectiva profesional a la gran demanda calificada que existe en el medio local”, apreció.

Atento al informe que hizo público la CEPAL junto a FUJUDES, sobre la generación de empleo y el valor local de la minería, sumado al turismo en los anuncios nacionales recientes, José de Castro mencionó el planteo de ciertas dicotomías: “Por un lado una empresa que generará empleo genuino, pero sólo ciento sesenta puestos de trabajo ante diez mil o más que se necesite. Siempre el ‘pero’ -acotó-. Ahora, si lo planteamos en potenciales futuros puestos laborales es diferente. Porque ciento sesenta puestos en el sector minero que a su vez generan veinte o treinta puestos laborales en proveedores y además otros emprendimientos que se pueden generar independientemente de la minería, ya hablamos de un clúster, un efecto multiplicador muy diferente a lo que algunos plantean y con base sustentable de generación de valor”, explicó.

Visión a futuro, lineamientos claros y la decisión de cumplir objetivos concretos es el deseo para este año del ingeniero De Castro, todo ello “basados en el sentido de la comunicación abierta y sincera, no solamente para informar a la opinión pública, también por el aporte para entidades gubernamentales y privadas. Poner en práctica proyectos concretos sin tratar de convertirse todos en expertos en medio ambiente, en carbonato de litio o geólogos para tomar una decisión”, señaló. Finalmente, desde su experiencia y conocimientos sostuvo que “el momento de mejorar la economía de una región es cuando realmente se realiza. Una planta piloto, la discusión de un proyecto y otros menesteres intermedios, sólo son sueños que pueden pasar o hacerse realidad. De no ser así, a futuro estaremos discutiendo otro sueño, otro proyecto para salir adelante. Creo que todos iniciamos este año sabiendo que comenzó el tiempo de acciones. Eso es esperanza”, concluyó José de Castro.

Comentá la nota