Eduardo Frigerio es cuestionado por diputados de la oposición por incumplir una decena de leyes provinciales y nacionales.
Finalmente, el viernes pasado al mediodía el legislador presentó un voluminoso escrito en el que solicita el proceso contra Eduardo José Frigerio por mal desempeño de sus funciones e incumplimiento de obligaciones señaladas por disposiciones pertinentes.
Concretamente, Blanco acusa a Frigerio de no cumplir con los artículos 194 y 195 de la Constitución provincial; con los artículos 2, 3 y 8 de la ley 25.831 de Información Pública Ambiental; con el artículo 16 de la 25.675 de Política Ambiental Nacional; los artículos 18, 19, 22, 23 y 191 de la Ley Provincial de Aguas; la ley 322 de Administración de Aguas Superficiales, la 4.035 de extracción de aguas subterráneas, la 6.105 de Obligación de realizar el balance hídrico; la 6.787 de Balance Hídrico, la 7.444 de Derechos definitivos Río Mendoza y la 8.051 de Uso de Suelo.
Además, también lo acusa de ignorar el accionar del Poder Legislativo, previsto en la Constitución.
De acuerdo a información a la que pudo acceder Los Andes, el legislador ingresó su denuncia al mediodía del viernes, pero recién presentará hoy en sociedad su denuncia, junto con otros legisladores que acompañaron con su firma el escrito: los diputados Roberto Infante y Patricia Gutiérrez, con el patrocinio legal de otro hombre de la Cámara Baja, a la sazón abogado: el presidente del bloque radical Andrés Marín.
La cita será a las 11, en el salón Azul de Legislatura, con la presencia de algunos particulares que colaboraron con la presentación de Blanco.
El silencio de Irrigación
El diputado presenta varios casos en los que se demostrarían las transgresiones que denuncia. El primero es la sucesión de pedidos de informe de su autoría, en total 15 desde que se inició la gestión de Frigerio, que nunca fueron contestados.
A estos 15, pueden sumarse resoluciones solicitadas por otros legisladores que no están contabilizadas. Esta falta de respuesta es una violación a la Constitución provincial y de la Ley de Información Pública Ambiental.
Los pozos cuestionados
El segundo caso, en el que Blanco pone la lupa es el otorgamiento de nuevas perforaciones en zonas restringidas por el mismo departamento, en plena crisis hídrica. Se trata de 21 pozos nuevos que beneficiaron a 7 emprendimientos inmobiliarios de alta gama, que no cumplen con las prioridades previstas en la ley 4.035, en la que se establece que las prioridades para otorgar permisos de perforación van del consumo humano, la producción agrícola, la industria, minería, recreación y turismo y termal o medicinal. A entender del diputado denunciante, estos emprendimientos están incluidos en "recreación y turismo".
Trece de esos permisos fueron otorgados el mismo día, 15 de los expedientes tienen numeración correlativa y fueron iniciados el mismo día. Además, no se respetó la lista de espera y fueron aprobados en 13 días hábiles.
La zona en la que están ubicados los emprendimientos es la margen derecha del Río Mendoza, lugar donde tienen su sede importantes bodegas, como Séptima, Norton, Chandon, Ruca Malén, entre otras.
Lo más llamativo es que unos kilómetros más abajo, los vecinos del Centro Cultural El Carrizal vienen reclamando la autorización de un nuevo pozo para consumo humano, desde hace 11 años. Nunca obtuvieron el permiso, a pesar de que el viejo pozo del que extraen el agua está contaminado, de acuerdo a informes técnicos del EPAS.
El convenio con La Pampa
Otro de los casos es el ocultamiento del informe del Convenio del Río Atuel suscripto por Celso Jaque con La Pampa. El Gobierno de Mendoza nunca hizo las consultas a Fiscalía de Estado y a Irrigación para firmar ese acuerdo por el uso de las aguas del río del Sur provincial.
Una vez estampada la firma, la letra de lo firmado fue a ambas reparticiones para que lo analizaran y luego sería remitido a la Legislatura para su ratificación.
En agosto del 2009, Diputados pidió informes a la Fiscalía y a Irrigación. La primera respondió, la segunda, a cargo del acusado, nunca lo hizo. Y el convenio aún no es tratado por la Casa de las Leyes, a pesar de que fue firmado en agosto de 2008. Esta omisión estaría tipificada en ocultamiento de información pública ambiental (Leyes 25.831 y 25.675) y entorpecimiento de la labor legislativa.
El cambio de criterio minero
El 20 de enero de 2010 Irrigación emite la resolución 43, con la firma de Frigerio, en la que aprueba el dictamen sectorial realizado por técnicos de la repartición sobre el proyecto minero San Jorge. En 80 páginas, se ponen varias condiciones para aprobar la explotación, que implicaban un listado de tareas que fue recurrido administrativamente por la empresa.
El 20 de mayo, Frigerio firma otra resolución, la 506. En esta nueva norma, Irrigación cambia de parecer acerca de las costosas tareas que debe hacer San Jorge, imponiéndole menos condiciones a las que ponía en la resolución anterior.
Este cambio de criterio implicó allanar la Declaración de Impacto Ambiental que el entonces secretario de Ambiente Guillermo Carmona debió extender. Esta decisión está recurrida ante la Justicia provincial.
Inspección de cauce intervenida
El 23 de noviembre pasado, un grupo de regantes decide intervenir las oficinas de las Inspecciones de Cauce Asociadas de Tupungato (ICAT), ante la falta de respuestas por la rotura del canal del Río Las Tunas. El ICAT es un ente autárquico compuesto por inspectores de cauce, que maneja la operación de riego de la zona.
La obra fue licitada por Irrigación con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sus beneficiarios entienden que está mal construida. Según Blanco, se rompió antes de ser inaugurada, pero Irrigación pretende cobrarle a los regantes un millón de pesos para repararla.
Hubo sendos pedidos de informes de la Legislatura, se solicitó el expediente, pero nunca hubo respuesta y a la fecha tampoco se hicieron las reparaciones. Blanco entiende que hay incumplimiento de la Ley de Aguas y la 322 de Irrigación, incumplimiento de la Constitución provincial y de la Ley de Información Pública Ambiental.
La propiedad del hijo del asesor
Jorge Villalón es asesor de la Superintendencia y allegado a Juan Carlos Mazzón. Su hijo Jorge Andrés compró en subasta pública (de acuerdo a lo que surge del plano de mensura) una propiedad de 1.966 hectáreas linderas al río Tunuyán, conocida como Finca Errachida SA.
De acuerdo a los regantes de la zona, estas tierras cuentan con algunos beneficios en el reparto de aguas.
Así lo denunciaron ante la Legislatura, con acta notarial incluida. La denuncia está vinculada con toma directa de agua del mismo río Tunuyán, riego en período de corta, permisos de nuevos pozos y falta de rehabilitación de pozos existentes.
Cuando los regantes fueron a constatar los hechos con una escribana, el propio Jorge Andrés Villalón fue a recibirlos. Algún empleado cruzó una excavadora de Irrigación en el puente de acceso, para evitar la salida de los visitantes, y hubo un fuerte cruce verbal.
Después de varias horas de privación de la libertad, llegó el director de Policía del Agua, Daniel Corral. Allí se notificó a Villalón que no podía regar cuando no le correspondía. La actuación notarial fue realizada el 1 de junio pasado.
El período de corta estaba previsto por resolución 67 de Irrigación del 7 de mayo al 6 de junio. Es decir, el hijo del asesor no estaba al tanto de la resolución, estaba regando y contaba con 40 cm de caudal en el Costa Canal Anzorena, del que se riega. Además, Errachida S.A. cuenta con la autorización a un nuevo pozo otorgada por edicto publicado en el Boletín Oficial del 21 de junio de 2011.
La purga petrolera
El 13 de abril de 2010, personal de Irrigación eleva un informe al director de Policía del Agua Daniel Corral. Allí y, según inspección de técnicos, la empresa Repsol YPF inyectaría 3 millones de metros cúbicos de agua de purga en pozos de exploración antiguos, lo que constituye, siempre de acuerdo a los técnicos firmantes, potencial riesgo de contaminación subterránea.
Hubo reiteradas presentaciones de particulares, regantes de la zona, para que intervenga el Departamento, pero a la fecha no ha habido respuestas a los pedidos por parte de Irrigación.
Comentá la nota