Sobre el vencimiento de la respuesta que la ciudad le tiene que dar a la Provincia, sobre el plegamiento del cobro de una sexta cuota de la patente, Rafaela se prepara para vivir horas de gran negociación política.

Luis Castellano decía el jueves que de cara a la sesión extraordinaria del Concejo Municipal que se dará mañana a las 9:30 para tratar el tema, "la Legislatura y el Gobernador le han dado la oportunidad a los Municipios que no adhirieron aún a la sexta cuota de la Patente, que lo hagan antes del 31 de julio. Nosotros vamos a solicitarla porque nos parece que es de absoluta justicia y es algo que ya han hecho muchos, de acuerdo a lo que está previendo la Provincia, serían 1,4 millones de pesos que nos van a venir muy bien para seguir con la obra pública y sobre todo porque ellos nos adeudan una importante cantidad de dinero de Obras Menores, del Fondo de Financiamiento Educativo, en partidas para el SAMCo, hay una importante deuda, que a través de esta oportunidad de poder compensar con este ingreso, nosotros lo queremos aprovechar", aseguraba el Intendente.

Claro que el plegamiento a la Ley Nº 13.226 conllevará para los contribuyentes un aporte del 50 por ciento del valor de las cuotas anteriores, con lo cual el acompañamiento del Legislativo local será clave entre la consideración de las finanzas municipales, así como la de los ciudadanos.

A más de un año de las elecciones para renovar cargos en el Cuerpo, la influencia de las diferentes corrientes locales del PJ empiezan a pesar; y quizá en eso se sustente la supuesta negativa del Dr. Silvio Bonafede para acompañar la voluntad de la administración de Castellano. Si bien no se quiere mostrar esto como una ruptura partidaria, más allá de lo que visiblemente sucede, se manifiesta claramente que la decisión podría tender a que no se consiga el beneficio.

Además, se debe considerar la otra negativa clara frente a la votación que es la de Víctor Fardín, a la cual podrían sumarse Hugo Menossi, Luis Telesco y Luis Peretti.

Desde la UCR, se manifestaron en contra como partido, ya que se considera una medida "arbitraria", de acuerdo a lo que se venía charlando de manera interna durante la semana, si bien Telesco aún no manifestó abiertamente su postura a la hora de la votación.

DUDAS

DEL PDP

Según manifestara en el programa "Sábado 100", Peretti sostuvo que su convicción de acompañamiento depende de la derivación del dinero en forma exclusiva para lo que atañe al tránsito en la ciudad, ya que derivará de las patentes, para aumentar los controles, mejorar la señalización, la semaforización de las calles; y demás cuestiones anexas.

El concejal habló a poco de emitirse un comunicado desde la sede del PDP en la que se expone, "Con seguridad el próximo lunes en el sexto piso de Moreno 8, el Concejo Municipal aprobará, con el voto de los Concejales Oficialistas y sus acompañantes de siempre, la Ordenanza que autorizará al Intendente Municipal a recaudar una sexta cuota de patente.

"El Gobierno local no ha planificado su acción de gobierno, y lejos de meditar serenamente sus acciones, llama de urgencia al Legislativo para que en una Extraordinaria les permita llegar al martes 31 de julio adhiriendo a la ley 13.268.

Quiere el Municipio recaudar de los bolsillos rafaelinos $ 1.500.000.- ¿para qué?".

Haciendo referencia a una nota publicada a principios de mes en este Diario con Edelmiro Fassi, donde él explicaba que “Las finanzas están sólidas y con todas las obras en marcha”, lo que se pregunta el PDP es "¿qué razones valederas existen para recaudar 1.500.000 pesos de los bolsillos azotados por una inflación galopante que arrecia sobre la gran mayoría de los contribuyentes de esta ciudad, que tiene ingresos fijos y un automóvil que logró comprar con mucho sacrificio y usarlo esporádicamente?".

Mencionan que la alternativa es para las administraciones que tienen una falta de financiamiento para atender haberes o gastos de funcionamiento; y "Nada de todo esto ocurre en Rafaela". Entonces explican que "la ciudad percibirá durante el corriente año una cifra superior a los 200.000.000 de pesos". Por esto concluye el PDP que "no hay razonabilidad en la decisión tomada ni la cuota de sensibilidad social que este tiempo demanda".