Al excarcelar a Gabriel Brito, un empresario vinculado a las droguerías que aportó 310.000 pesos a la campaña electoral kirchnerista en 2007, los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah le recordaron a Oyarbide, con énfasis, que ya el 14 de abril último le habían advertido que investigara al ex superintendente de Salud Héctor Capacciolli, recaudador de esa campaña, junto con Sebastián Gramajo y Hernán Diez, recolectores de fondos y funcionarios; el primero en la Anses y el segundo como director de la Lotería Nacional.

Los camaristas afirmaron que es necesario "imprimir a la investigación un impulso compatible con su finalidad", que es esclarecer los delitos y evitar perjuicios a los presos, pero concluyeron que "poco es lo que se ha avanzado" .

Recordaron que ya habían señalado al magistrado que profundizara el aspecto financiero de esta causa, que en la convicción de los camaristas se trata de un caso de fraude económico, donde coleteralmente se puso en juego la salud pública.

Por eso le mandaron a Oyarbide investigar a las cooperativas de crédito donde se cambiaban cheques, supuestamente producto de los manejos ilícitos. Particularmente los manejos financieros del empresario detenido Néstor Lorenzo, dueño de la droguería San Javier. En especial, señalaron los jueces, la necesidad de hacer un estudio para determinar "el volumen diario de operaciones de la Cooperativa Vernet, el listado de las operaciones de crédito de San Javier y el destino de los fondos".

Quieren que Oyarbide averigüe sobre el nexo entre Lorenzo Capacciolli, Gramajo, Diez y Enrique Dratman, un empresario ligado a la salud, esposo de la diputada kirchnerista Diana Conti, que integra el Consejo de la Magistratura. En rigor, y tras varios reclamos del fiscal Luis Comparatore, el juez citó a Capacciolli a declarar como sospechoso, pero nunca puso fecha a la indagatoria.

"Escasa y en algunos casos inexistente" fue la tarea la identificar a los que falsificaban los troqueles. "Es imperioso escuchar a los responsables de las áreas públicas encargadas de la adquisición de los productos y la obtención de elementos que permitan analizar la forma en que se ejecutó el presupuesto destinado a los reintegros en el Ministerio de Salud", que manejaba Capacciolli.

Los camaristas saben que el caso es complicado y voluminoso, pero le dijeron al juez que esto "no puede convertirse en un salvoconducto automático" para evitar que avance.

Oyarbide sabe que está en la mira de sus superiores. Esta misma semana, la otra sala de la Cámara Federal, integrada por Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero, lo había apurado para que avanzara con el caso Skanska y hace unos meses se ganó una citación en el Consejo de la Magistratura por otra advertencia de la Cámara Federal por sus declaraciones públicas.

Pero el juez tiene sus propios reclamos: hace meses que pide que le den más espacio, que sus empleados no tienen ni dónde apoyar los papeles y que tiene que convocar a un médico para atenderlos por el polvo y las alergias que provoca tanta acumulación de cajas y documentos.

EN LA MIRA

* Demoras: la Cámara Federal instó al juez Oyarbide a que avanzara sobre los funcionarios que debían controlar la ejecución del presupuesto del que salían los reintegros a las obras sociales. Insistió en que investigara a Capacciolli, entre otros.

* Otros retos: ya el tribunal había exigido al juez que analizara el aspecto económico de la causa y quiénes eran los responsables de falsear remedios y troqueles. También le había advertido por sus declaraciones públicas.