La presentación contra el jefe comunal fue por incumplimiento de deberes de funcionario público luego de que el municipio equiparara salarialmente a los 1.370 contratados. Sesma considera que con esa decisión, el municipio incumplió las ordenanzas que establecen el límite de gasto en personal -la norma11.682- y otra que prohíbe nuevas designaciones de personal contratado y transitorio –11.429. Además, promovió también una acción declarativa de certeza para que la Justicia determine que los contratos de personal, como contratado propiamente dicho o como transitorio (artículos 8 y 9 del Estatuto) “deben ser sólo para casos o tareas excepcionales y de ninguna manera puede convertirse en la regla para nombrar empleados; también con esta acción se pretende que la Justicia determine la ilegalidad del monotributo como forma de precarizar el empleo”.