La jueza federal María Servini de Cubría ultima los detalles de una impactante tanda de procesamientos por la causa de Fútbol para todos, que disparará en unos quince días apenas regrese al país de su paseo por Europa, como parte de la visita al papa Francisco, que convocó a diversos jueces al Vaticano.

Allegados a la jueza confirmaron a LPO que estaría dispuesta a procesar a los ex jefes de Gabinete kirchneristas, Jorge Capitanich, Juan Manuel Abal Medina y Aníbal Fernández. Así como al ex vicegobernador Gabriel Mariotto y el ex encargado del programa, Pablo Paladino.

El procesamiento también alcanzaría a dirigentes de la AFA y de distintos clubes y hasta es posible que de Futbolistas Agremiados.

Le vamos a contar a la doctora Carrió lo que estás haciendo, así interviene en este tema de la AFA, respondió un dirigente a Angelici, cuando este advirtió sobre los inminentes procesamientos de Servini.

Las auditorias y pesquisas sobre el manejo de los miles de millones que el Estado giró –y sigue girando- a la AFA, estuvieron a cargo del ex juez Alberto Piotti, nombrado por la jueza veedor en la AFA.

La decisión de la jueza, largamente anunciada por el presidente de Boca, Daniel “El Tano” Angelici, es vista en la AFA como parte de un “apriete” direccionado por el presidente Mauricio Macri para que los clubes le aprueben la Superliga y abandonen el apoyo a Hugo Moyano o Claudio Tapia para la presidencia del órgano rector del fútbol argentino, en las elecciones del 30 de junio.

El problema de esta avanzada es que dejó muy expuesta a la jueza porque Angelici, como reveló LPO, en las últimas reuniones del Comité Ejecutivo de la AFA se regodeó anticipando a los dirigentes quien sería procesado. “Si esto sigue así le vamos a comentar a la doctora Carrió que tiene razón en todo lo que dijo sobre vos, le vamos a pedir que intervenga”, mortificó a Angelici uno de los dirigentes a quien había advertido de un procesamiento inminente.

El problema de probar el delito

Personas al tanto de la investigación, coincidieron ante LPO con la lectura de los procesamientos como parte de un apriete. Explicaron que no es tan sencillo probar el delito de administración fraudulenta, porque lo que hizo el gobierno anterior fue firmar un contrato por unos derechos por los que pagó cierta cantidad de dinero a la AFA y en todo caso es responsabilidad de ese organismo como utilizó esos fondos.

“Para que esa figura sea robusta sería necesario probar el beneficio personal de los funcionarios que firmaron esos contratos”, tarea en la que por lo conocido la jueza todavía no avanzó.

La fuente explicó que las supuestas irregularidades que la jueza encontró en el manejo que hizo la AFA de parte de esos fondos a través de financieras y derivándolos a Futbolistas Agremiados, en principio no serían imputables a los funcionarios, sino a los directivos de la organización.

En todo caso, habría que ver si les cabe la figura de Incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero para esto sería necesario probar su beneficio directo.