El nivel en las prestaciones de los servicios públicos provinciales se mantiene al tope de los principales reclamos que la ciudadanía elevó a la Defensoría del Pueblo en lo que va del año. De acuerdo a un informe elaborado por el organismo, conducido por Hugo Cabral, el 23 por ciento de las solicitudes de intervención expresadas por las personas se sustentó en esta área.

Así, se recalca que las quejas estuvieron basadas en la provisión de agua (por parte de la Sociedad Aguas del Tucumán, SAT), pues se registraron reclamos dadas las deficiencias en dicha prestación, principalmente por problemas causados por el colapso de la red cloacal, a lo que debe agregarse las dudas de las personas en relación al proceso de refinanciación de la deuda tarifaria que los morosos mantienen con la firma en cuestión.

A su vez, la institución indicó que en lo que respecta a la energía eléctrica, la serie de reclamos que se elevaron radican en objetar los incrementos tarifarios suscitados, como así también reclamos por los daños producidos en electrodomésticos hogareños debido a cortes continuos de energía o bien el alta tensión provocada en la distribución de este servicio.

Por otra parte, en lo que respecta a la provisión de gas natural domiciliario, la Defensoría provee de un formulario modelo por medio del cual los ciudadanos pueden solicitar la restitución de la totalidad de las sumas abonadas en las facturas por los conceptos correspondientes a "costos del gas importado".

En el segundo lugar de los reclamos (con una prevalencia del 21 por ciento) se ubican las solicitudes de intervención en el área de salud, básicamente ante incumplimientos de la Prestación Médica Obligatoria, como así también se solicitó el accionar del organismo para interceder ante el Instituto Provincial de Seguridad Social de Tucumán (IPSST) y otras obras sociales debido a la provisión deficiente de medicamentos y prótesis, cirugías, estudios de diagnóstico y atención eficiente para personas con discapacidad.

En cuanto a las quejas que se elevaron dado el malestar originado en el sector previsional, las críticas alcanzan el 17 por ciento del total, donde los reclamos recayeron en la ANSES, la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales y el Centro de Asistencia Previsional por Trámites Jubilatorios, pues las preocupaciones respectivas radicaron en obtener mayores precisiones sobre los trámites jubilatorios, pensión por invalidez y derivada, accesibilidad al cobro de la Asignación Universal o posibles cambios en las entidades bancarias al momento de realizar el cobro por parte de los beneficiarios.

Las solicitudes de intervención que recabó la Defensoría en torno a lograr una mayor agilización de expedientes en organismos de la Administración Pública llegaron a un 8 por ciento de los reclamos globales. Entre las dependencias que acapararon las mayores quejas por su grado de operatividad, se encuentran: el Registro Civil, Dirección General de Rentas, Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual y Sistema Provincial de Salud.

En lo referido al aspecto que versa sobre la defensa al consumidor (8 por ciento) las solicitudes de los usuarios redundaron por descuentos no aplicados en algunas mutuales, prestación de servicio de telefonía celular e Internet deficiente, como así también incumplimiento en las garantías comerciales y de uso de electrodomésticos.

Uno de los puntos a resaltar es el que concierne al tópico medioambiental ya que, si bien es cierto que cerca del 1 por ciento son los pedidos para que el organismo interceda en este ámbito, representa un área de vital importancia institucional por la proyección e impacto en la comunidad, adujo la Defensoría. Vinculado a ello, temas como la contaminación de la Cuenca Salí-Dulce, contaminación atmosférica, manejo de residuos domiciliarios y agroquímicos, entre otros, constituyen objeto de investigación por parte de la institución.

Finalmente, vale indicar que desde principios de enero y hasta el pasado 3 de noviembre, la Defensoría recibió un total de 7.341 actuaciones ingresadas, 1.795 consultas telefónicas y 243 requerimientos vía mail. Lo que significa un total de 9.379 casos en los que debió intervenir el área comandada por Cabral en cualquiera de las instancias de acción que lleva a cabo.