Más de 350 legajos son los que, actualmente, se siguen en el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños y/o Adolescentes.

Con un ingreso promedio de más de 10 casos nuevos por semana, la dependencia municipal encargada de velar porque no se vulneren los derechos de niños y adolescentes, trabaja sobre eventos relacionados con la violencia familiar, la deserción escolar, problemas de conducta, fugas del hogar, adicciones y conflictos parentales, entre otros.

De todas estas situaciones, la que predomina es la agresión dentro del núcleo hogareño.

La doctora Verónica Iparraguirre, coordinadora del Servicio Local, señala que “no podría decir que hay un aumento porque en diciembre fui nombrada como coordinadora, pero desde entonces lo que prevalece en la derivación y en el abordaje, es la violencia familiar”.

Otro punto importante es el de las fugas del hogar. En este sentido, diciembre fue un mes en el que se dieron muchos de estos casos, por diferentes razones: “Por las fiestas, por las vacaciones, porque llega fin de año, porque tienen que rendir materias, porque los padres los presionan para que las rindan y los chicos no quieren hacerlo, son varios los factores”, según enumera la profesional, cuya especialidad es psiquiatría infantojuvenil.

Detectores

Una particularidad de este momento del año es que, a partir del comienzo del ciclo lectivo, las instituciones educativas pasan a ser detectores de casos, porque son ámbitos en donde los chicos pasan mucho tiempo (o donde no lo pasan porque hacen deserción escolar), o se sabe de la problemática de los alumnos, entonces muchas derivaciones llegan desde ahí.

“Por eso es como un termómetro de la situación y se trabaja muchísimo con las escuelas”, comenta Iparraguirre, y amplía: “Pero eso también es hasta esperable, como cuando nos llegan derivaciones de las unidades sanitarias o de las asistentes sociales, porque son las que conocen la dinámica de cada barrio”.

Trabajo en red

A partir de que llega una denuncia, se evalúa la situación y, luego de la lectura del caso, se convoca a las personas implicadas para realizar entrevistas en las que se plantea lo que está pasando. Posteriormente, en un trabajo complejo, se elaboran estrategias para que esa situación, que supone una vulneración de derechos, se pueda resolver.

“Para eso se trabaja en red -continúa Iparraguirre- con los diferentes efectores de la Municipalidad, las escuelas, las unidades sanitarias, con planes de inclusión, como los programas Envión, Sostén o Casita del Saber”.

Es decir que en el Servicio Local no se hacen tratamientos, pero sí se lleva a cabo la contención inicial, se analizan los casos, se plantean las acciones a desarrollar y una vez puesto en marcha el mecanismo, se hace el seguimiento correspondiente.

En los últimos meses la cantidad de legajos trabajados se ha mantenido estable, porque así como hay casos que se suman, también hay otros que se cierran.

La coordinadora del Servicio explica que “después de llevar a cabo esas estrategias, una vez que se evalúa que esa vulneración de derechos ha cesado, el caso se cierra, aunque se le dice a la gente que, frente a cualquier problema, puede volver a acercarse, es decir que es un cierre en el que se deja la puerta abierta: es que hay casos en los que vuelven a producirse inconvenientes, porque estas situaciones son muy dinámicas”.