El escándalo de Medixon había salido a la luz en el año 2009, cuando lo planteó en la Legislatura el entonces diputado radical, Carlos Lorenzo, quien apuntó contra un acuerdo que decía, se había adjudicado en forma directa, sin licitación, para que esa empresa provea a todos los afiliados de Seros las prótesis e implantes ortopédicos para cirugía.

Según decía entonces Lorenzo -y lo volcó luego en una denuncia penal- el acuerdo no había traido ningún beneficio, por el contrario había encarecido los costos de ese material, ya que el sistema anterior que tenía la obra social era ante cada cirugía programada se hacía una compulsa de precios entre los proveedores locales, pero esta selección no se usó más, dado que el contrato es de exclusividad con este proveedor.

Además denunció que la empresa estaba liquidada desde un año antes, y en su domicilio comercial no existía ningún comercio, sino que era una casa antigua cerrada desde hace varios años, mientras que el domicilio fijado por Medixon para el contrato se había chequeado, y no existió allí ninguna empresa con esa denominación.

En su denuncia original, Lorenzo había adjuntado además copias de varios expedientes en donde comparaba la diferencia de costos de prótesis entre Medixon SRL y los comercios locales, la que calificaba como «exorbitantes», y los definía como «sobreprecios que suman miles de pesos».