En boca de Sergio Podestá (presidente), Marta Devincenzi (secretaria) y Guillermo Bocanera (tesorero) salió a fijar su postura, no tanto por las cuestiones técnicas que atañen a las obras impulsadas sino por el procedimiento empleado por el gobierno de Mario Meoni para exponer el emprendimiento a la vista de todos los juninenses.

Los directivos cuestionaron con dureza que la iniciativa sea fruto de “un proceso cerrado”, sin dar lugar a la intervención de los ciudadanos, conducta que comparan con la de la dictadura militar.

“La construcción de una nueva terminal de ómnibus para nuestra ciudad es una necesidad que más tarde o más temprano habrá de ocupar un lugar preponderante en el sistema de prioridades de la obra pública municipal”, afirman Podestá y sus colaboradores en un comunicado al que LA VERDAD tuvo acceso.

El escrito señala que el emprendimiento no sólo implicará la relocalización de la estación, sino también “pensar en el destino que se dará al sitio vacante, un enclave cuya significación urbana hunde sus raíces en la memoria colectiva de los habitantes de Junín y de su zona de influencia y posee un valor patrimonial y estratégico innegable”.

Respecto a la propuesta lanzada por el actual gobierno municipal, los profesionales sostienen que “sería irresponsable de nuestra parte pretender brindar una opinión técnica del proyecto haciendo abstracción del camino que en estos casos debe recorrerse para alcanzar su concreción. Objetamos completamente el procedimiento seguido en su elaboración”.

“No le consta a este Colegio que hayan existido mecanismos participativos de la comunidad, ni siquiera a través del Consejo de Ciudad, que recientemente desarrollara el Plan Estratégico para el Partido de Junín con proyección hasta el año 2016, y del cual participó esta institución profesional”, agregan los dirigentes en el texto.

“El proceso invalida el

resultado de la propuesta”

“Por la enorme trascendencia que reviste el proyecto de una terminal de ómnibus para una ciudad de cien mil habitantes, administrativa, universitaria y turística, poseedora de un pujante centro comercial regional y en la cual convergen importantes rutas nacionales y provinciales, consideramos que el solo hecho de haber seguido un proceso proyectual cerrado, invalida el resultado de la propuesta en todos sus aspectos, ya que contradice absolutamente los principios más elementales del Planeamiento Urbano”, expresa el escrito firmado por los miembros principales del Colegio.

A continuación explica que “aunque resulte obvio, es preciso señalar que la Terminal y las torres de viviendas no son sólo la terminal y las torres de vivienda, son también el entorno y los sistemas de la ciudad que, en forma directa o indirecta, se verán transformados y será necesario repensar”.

“No estamos en desacuerdo con la intervención privada, siempre y cuando se hayan seguido previamente los procedimientos de participación y difusión comunitarios que aseguren el estudio y evaluación de todas las alternativas posibles tendientes a dar la respuesta óptima. Creemos que en ningún caso la iniciativa privada debe condicionar los tiempos y los proyectos de la obra pública; existen en Planeamiento mecanismos inclusivos, previsibles y abiertos que convocan a la participación de la empresa privada y a la vez aseguran a la comunidad un proceso transparente en la búsqueda del resultado más correcto y beneficioso posible para la ciudad. En tal sentido, consideramos que el artículo 3º de la Ordenanza Municipal Nº 5131/2006 contradice este concepto”, puntalizan los arquitectos.

Muchas preguntas y una

Conclusión contundente

Por lo antedicho, los colegiados aseguran que “carecemos hoy de muchos y sustanciales elementos de juicio que nos permitan evaluar con certeza y fundamentos técnicos la propuesta difundida pero, aún cuando los tuviéramos, faltaría en este caso el principal: No puede juzgarse el libro mediante la lectura fragmentaria de su epílogo. El primer paso es reconocer la complejidad del tema y abordarlo interdisciplinariamente con la participación y el compromiso de las instituciones representativas de la comunidad”.

Los arquitectos se preguntan: ¿Por qué se optó por ese emplazamiento y no por otro?

¿Se realizó un Estudio del Impacto Urbano-Ambiental que respalde la relocalización y el uso del terreno vacante tal como se propone? ¿Por qué motivo el terreno vacante no se destina a usos públicos, incluso a una Terminal afectada a los servicios de la zona? ¿Por qué razón no se pensó en la realización de un Concurso de Arquitectura?

“Éstas y muchas otras preguntas nos hacemos en torno a este emprendimiento, pero ninguna de ellas nos conducirá a una respuesta fehaciente, ya que todas corren inevitablemente en el círculo cerrado de una propuesta invalidada por su propio mecanismo de gestación”.

“Las oportunidades en urbanismo suelen ser únicas. Estamos quizá ante una de ellas. Sin embargo, tal como se ha planteado esta intervención, ¿qué papel les queda a las instituciones de la comunidad? ¿Examinar y controlar más o menos parcialmente con datos más o menos certeros un hecho consumado?”, continúan interrogando.

Y como cierre, una conclusión contundente: “Resulta lamentable para nosotros tener que afirmar que, desde el punto de vista del procedimiento seguido por el actual gobierno municipal, esta propuesta no es muy distinta de la intervención que en tiempos de la última dictadura militar hiciera perder a los juninenses el valioso edificio de Correos”.