Si la Justicia da lugar al pedido de ilegalidad del paro emprendido por ADOSAC y AMET y estos no acatan, los docentes podrían ser intimidados a retomar su actividad, de lo contrarío serían despedidos.
Ayer se vivió una noche de anuncios por parte del gobernador Peralta, quien además de decretar el aumento salarial para los docentes con el objeto de paliar "la grave situación que ha originado el conflicto con las entidades sindicales del sector docente ADOSAC (Asociación Docentes de Santa Cruz) y AMET (Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica)", también dijo que la Fiscalía de Estado realizó una presentación judicial solicitando que se declare la ilegalidad de la huelga.
En este marco, cabe remarcar que el decreto anunciado por el primer mandatario por el aumento salarial en dos cuotas no puede ser rechazado, y el mismo empezará a correr a partir del mes que viene.
Manifestaciones
En cuanto a la ilegalidad de la protesta y la determinación de los gremios por continuar con la medida deberá ser tratado ante la Justicia, teniendo como un posible panorama que con el pedido de ilegalidad de la huelga y si la Justicia accede y los gremios no acatan la medida, lo que sucederá es que los huelguistas quedarían sin cobertura legal, y Educación los podría intimimar a trabajar y todos los que no acaten esa convocatoria quedarían en situación de despido.
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