El informe remitido al presidente de la Cámara de Diputados por los coordinadores de esa auditoría, Daniel San Cristóbal y Alberto Szabo, da cuenta de este caso respecto de los retiros de la ley 4923, cuya fecha de corte era el 31 de diciembre de 2002. Caso llamativo En tanto al menos parte de la documentación es puesta en duda por esa auditoría en razón una serie de vicios que podrían implicar su nulidad. Lo llamativo del caso es que unos días antes de terminar su mandato, el 26 de noviembre de 2007, dio licencia a Acevedo para que asuma como funcionario de Aída Ayala a partir del 10 de diciembre de ese año. A su vez el 7 de diciembre le concedió el retiro de la ley 4923, pero lo difirió "por razones de servicios", esto es dada la importancia del agente para el Poder Legislativo. Entonces Acevedo se transformó en alto funcionario municipal con sueldo del Poder Legislativo por dos años. A ello se suman dos curiosidades que no encuentran marco de encuadramiento legal a este caso: Urlich concedió el retiro 5 años después de su vencimiento y estando a cargo de la presidencia la entonces diputada Irene Dumrauf. En la auditoría estiman que la documentación sobre el retiro de Acevedo se habría cumplimentado antes de que Mastandrea termine su mandato como presidenta. Entonces, en un trámite urgente se advirtió que las razones de servicio de Acevedo en el Poder Legislativo habían cesado y se efectivizó el retiro de Acevedo con la máxima categoría y con una buena remuneración salarial. Este asunto, como la investigación respecto de los carteles ruteros sobre la avenida Sarmiento, donde está programada la construcción del edificio legislativo, mostró la punta de una trama de procedimientos administrativos que son estudiados y que podrían ser recurridos ante la justicia. Adquiridos los terrenos por el Poder Legislativo, un aparente dejar pasar no registró que el beneficio económico con un bien del Estado sin el debido concurso o contrato previa aprobación por instrumento normativo (ley o resolución) conlleva algunas responsabilidades aunque más no sea por omisión. El trabajo de los técnicos y el aporte de algunos interesados descubrió un acuerdo firmado por la ex prosecretaria administrativa, ascendida después a secretaria Mirta Gladys Godeas, que sin autorización legal firmó "en representación de la Cámara de Diputados" convenios con dos empresas, documentación que ni los propios legisladores de la comisión de ley que sigue el proceso conocían. De nada valió el intento de Mastandrea de minimizar el suceso diciendo que nadie había percibido un peso, cuando no se había afirmado lo contrario ni la apelación a una consulta a la Contaduría General de la Provincia que el mismo Milcíades Duré desmintió por escrito al presidente de la Cámara.