El conflicto pesquero en Santa Cruz y en este caso puntual, el de la pesquera Vieira en Puerto Deseado, parece haber llegado a una situación límite, por lo que previo al análisis que hagan los diputados para la expropiación de todas las utilidades de la empresa española, el Gobierno directamente la intervendría. Así lo adelantó el ministro de la Producción, Rafael Gilmartin a La Opinión Austral, luego de que se concrete ayer una reunión en Buenos Aires con los gerentes de la empresa, ya que el presidente de la compañía pesquera se volvió a su país el sábado pasado.

Los ánimos entre las partes están bastante caldeados y ambas posturas parecen ser rígidas, al punto que la reunión de ayer no duró mas de 45 minutos, “no vinieron con ninguna propuesta”, dijo, dando cuenta que la empresa sólo estaría reconociendo la deuda por el medio aguinaldo del mes de diciembre, mientras que los pagos que se efectuaron estos meses con el aporte de un empresario local, por gestión del Gobierno, serían absorbidos por el Estado.

Asimismo los gerentes de la empresa habrían solicitado como única propuesta que se les permita alquilar los barcos para, en un tiempo perentorio, poder saldar la deuda con el sector de la marinería, casi confirmando que la empresa se presentaría en concurso de acreedores.

“Todas

mentiras”

Asimismo y consultado sobre las declaraciones del presidente del Grupo Vieira, Eduardo Vieira, quien aseguró que mantiene abiertas las “vías de negociación” para evitar la expropiación de la filial argentina que la firma posee en el país austral, Gilmartin aseguró que “son todas mentiras”. En declaraciones a Europa Press, el empresario reveló que la compañía está intentando “encontrar la forma” para que dicho proyecto legislativo “no se lleve a cabo” y se mostró “seguro” de poder alcanzar este propósito. Con todo, prefirió no aclarar qué “vías” maneja para lograr este objetivo. El presidente del grupo gallego ha puntualizado que se trata de un “proyecto legislativo” -presentado por cuatro diputados del partido al que pertenece la presidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner- y que todavía “no es una expropiación”. Vieira señaló que esta iniciativa “llega en un momento en el que la empresa está intentando funcionar con normalidad”, en referencia al concurso de acreedores en el que se encuentra inmersa, pero apuntó a que la filial argentina “está dando los pasos adecuados para generar recursos” y “cuenta con activos importantes”. Por ello, ha reconocido que la iniciativa legislativa para que “se declare la utilidad pública y sujeto a expropiación” de la empresa “entorpece” los planes de Vieira para que la filial en Puerto Deseado, al sur de Argentina, “vuelva al punto en el que estaba”. La noticia sobre el proyecto de expropiación de Vieira Argentina ha coincidido con un viaje que el presidente del grupo ya tenía programado al país suramericano. “Vine por otras razones, pero ahora tendré que encarar en cierta medida este tema”, ha explicado a Europa Press. Por último, Vieira ha indicado que a pesar del proceso concursal, se encuentra “con el ánimo de sacar la empresa adelante”.

Proyecto de ley

Según consta en el proyecto al que tuvo acceso La Opinión Austral, se pretende, si es que los diputados lo aprueban, declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación en los términos de la Ley Provincial 21 “el predio, sus instalaciones y bienes inmuebles que comprenden la Planta de Procesamiento de Productos de Mar y los Buques Pesqueros Matrículas Nº 0370, 02233, 02323, 0179, 0240, 02568, 02563 y la totalidad de los bienes útiles tales como maquinarias, mobiliarios e insumos existentes”.

Afirma que es “a fin de propender a la continuidad económica, mantenimiento de las fuentes laborales y explotación en manos de los prestatarios de servicios y trabajadores, en pos de un desarrollo productivo, industrial y social de la provincia de Santa Cruz”.

El mencionado proyecto facultaría al Poder Ejecutivo provincial a que a través de la Subsecretaría de Pesca y Actividades Portuarias se realice un inventario, individualización y tasación de los bienes muebles que se describen en el Artículo 1º de la presente ley, a fin de evaluar la productividad y el estado de los mismos en relación a la explotación del bien sujeto a expropiación.

También se lo autoriza en su artículo 3º a conformar una Comisión “Ad-hoc” y “Ad-honorem” integrada con los trabajadores, organizaciones prestatarias de servicios de la planta sujeta a expropiación, Municipalidad de la ciudad de Puerto Deseado y Poder Ejecutivo provincial a través de las áreas competentes, a fin de concretar los acuerdos necesarios para el cumplimiento de los fines dispuestos por la presente ley.

Se le posibilita además el “realizar los contratos, convenios y concesiones, pudiendo contemplar la participación de los trabajadores organizados para la correcta explotación de la planta en miras a la concreción del desarrollo productivo y social de la misma”.

Indica que en el plazo de los 30 días de promulgada la presente ley, el Poder Ejecutivo iniciará los trámites pertinentes para el proceso expropiatorio.