Exigen participar en la mesa de negociaciones que se conforme para encontrar una salida al problema de la usurpación de terrenos del Pirayuí. Reconocen que hay familias realmente necesitadas; pero otros ya tienen casa y sólo buscan hacer algún "negocio".
"Hicimos un acta ante un escribano público y la elevamos a la señora juez Gabriela Aromí de Sommers", le relató Raúl, uno de los vecinos, a EL LIBERTADOR.
"Nosotros vimos cómo se gestó esta ocupación, cómo fueron bajando desde camionetas que los traían", agregó. Aclaró empero que "no desconocemos la necesidad habitacional que tienen algunas familias indigentes; pero no todos los casos son iguales. Algunos están ofreciendo vender "su" terreno o cambiarlo por una moto".
Recordó que merced al corte de la ruta de los vecinos de las viviendas, surgió la medida de no innovar dictada por la Justicia, es decir, prohibiendo la llegada de nuevas familias okupas.
Los vecinos que anoche fueron al palacio legislativo a exponer sus puntos de vista ante los diputados, recordaron que las 500 Viviendas "se levantaron en el medio del monte, y era un vecindario relativamente tranquilo; pero ahora hay mucha inseguridad".
"Lo que pretendemos, en definitiva, es separar la paja del trigo; ver los que realmente necesitan un lugar donde vivir, y los que aprovechan la bolada y pretenden quedarse con un pedazo de terreno para luego comercializarlo", insistió Raúl.
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